En entrevista con El Pirobo, la investigadora Ana María Rueda, coordinadora de políticas de drogas de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), analiza el fracaso en la implementación del programa de sustitución de cultivos ilícitos y advierte que la falta de control territorial ha hecho inviable la estrategia. La experta asegura que, sin presencia estatal ni seguridad, la sustitución es imposible, y que el gobierno perdió tiempo valioso en definir un modelo que no se materializó.

La política de drogas del presidente Gustavo Petro se enfrenta a su prueba más dura tras la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos y las acusaciones de Donald Trump, quien lo calificó de “líder narco”. Para la analista Ana María Rueda, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el problema no es solo diplomático, sino estructural. “El gobierno reconoce que la guerra contra las drogas fracasó, pero no ha logrado implementar una alternativa viable”, asegura. Según Rueda, el modelo de sustitución propuesto por Petro —basado en la cooperación con las comunidades campesinas e indígenas— nunca tuvo una hoja de ruta clara, y la falta de resultados ya se traduce en el aumento de los cultivos ilícitos y la pérdida de control estatal en regiones clave.

Rueda enfatiza que “sin seguridad en los territorios, la sustitución es una ilusión”. De acuerdo con la experta, la Dirección de Sustitución ni siquiera puede ingresar a departamentos como Cauca o Nariño, donde los grupos armados controlan el territorio y bloquean cualquier intervención institucional. “En esas condiciones, hablar de sustitución es un ejercicio teórico. No hay presencia estatal, no hay carreteras, no hay mercados. ¿Qué campesino va a cambiar la coca por proyectos productivos si no puede vender ni un kilo de plátano?”, advierte. Para la FIP, la ausencia de una estrategia integral que combine seguridad, desarrollo rural y atención social ha dejado al gobierno sin resultados concretos.

En cuanto a la legalización de la hoja de coca, Rueda recuerda que el Ministerio de Justicia tenía listo un decreto que habría permitido su uso legal con fines industriales y ancestrales, pero fue engavetado. “El gobierno perdió una oportunidad histórica. Legalizar la hoja no iba a acabar con el narcotráfico, pero sí habría tenido un valor simbólico enorme: reconocer que los campesinos no son delincuentes, sino víctimas de un modelo económico que los abandonó”, explica. En la misma línea, denuncia que el proyecto de regulación del cannabis también naufragó en el Congreso por falta de liderazgo político, pese a contar con respaldo ciudadano y baja oposición parlamentaria.

La analista también critica el enfoque limitado de la política de reducción de daños, que, si bien ha tenido avances en el consumo, no aborda los impactos sociales de toda la cadena del narcotráfico. “Se trata de reducir el daño a los consumidores, pero no a las comunidades atrapadas en la economía ilegal. La reducción de daños debe incluir también las consecuencias del conflicto y del abandono estatal”, dice. La FIP ha documentado cómo, tras la suspensión de la erradicación forzada, el número de hectáreas de coca se incrementó, mientras las familias vinculadas a programas de sustitución quedaron sin apoyo económico ni seguridad.

De cara al último año del mandato, Rueda plantea que el desafío no es técnico, sino político. “El próximo gobierno tendrá que reconstruir lo que se perdió: confianza con las comunidades, metas verificables y presencia institucional”, afirma. Para ella, la descertificación de Estados Unidos no solo es un golpe diplomático, sino una advertencia sobre la falta de resultados tangibles. “La coca no se erradica con discursos. Se necesita una estrategia territorial sostenida, gradual y sin fumigación, porque judicialmente eso ya es inviable”. Con su diagnóstico, la investigadora resume lo que muchos en el sector han empezado a aceptar: la política de drogas de Petro se quedó en promesas y discursos, sin una estructura que la respalde.