El Tribunal Superior de Bogotá convocó para este martes 21 de octubre la audiencia virtual en la que se leerá la sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de fraude procesal y soborno a testigos. El fallo podría confirmar la condena de 12 años de prisión domiciliaria o modificarla, en uno de los procesos judiciales más trascendentales de la historia reciente de Colombia.
Este martes 21 de octubre de 2025, a las 8:00 a.m., el país volverá a estar en vilo. El Tribunal Superior de Bogotá leerá en audiencia virtual la sentencia definitiva en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, proceso judicial que lleva siete años abierto y que ha marcado un hito en la historia judicial de Colombia. La expectativa nacional crece ante un fallo que podría ratificar la condena de 12 años de prisión domiciliaria, reducirla o incluso absolver al exmandatario.
La Judicatura confirmó que los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto serán los encargados de la lectura de la sentencia. Los tres despachos fueron reforzados con personal adicional para garantizar que el análisis del extenso expediente —que supera las 35.000 páginas— se realizara sin distracciones ni demoras. El Consejo Superior de la Judicatura también dispuso un dispositivo de seguridad especial, en coordinación con la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), para prevenir cualquier alteración del orden público durante la transmisión virtual.
“La justicia debe ser transparente, incluso frente a los más poderosos. Lo que se decida marcará la historia jurídica del país”, comentó una fuente judicial consultada por El Pirobo.
El caso, que se originó en la Corte Suprema de Justicia en 2018, está relacionado con supuestas maniobras de soborno a testigos y fraude procesal que, según la Fiscalía, buscaban desacreditar los testimonios que vinculaban a Uribe con la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En agosto pasado, la jueza Sandra Liliana Heredia condenó en primera instancia al expresidente a 12 años de prisión domiciliaria, tras concluir que su abogado, Diego Cadena, actuó por instrucción del exmandatario al ofrecer beneficios económicos a exparamilitares presos para que modificaran sus declaraciones.
La defensa, encabezada por los penalistas Jaime Granados y Jaime Lombana, interpuso apelación ante el Tribunal alegando irregularidades en la sentencia. Entre los argumentos, sostienen que la jueza Heredia actuó con “sesgos ideológicos” y que las interceptaciones telefónicas de 2018, obtenidas “por error”, debieron ser excluidas del proceso, ya que originalmente estaban dirigidas a otro congresista. El equipo jurídico de Uribe insiste en que el exmandatario es víctima de una persecución política.
El fallo del Tribunal podría derivar en tres escenarios: confirmar la condena, reducir la pena o absolver al exmandatario. En cualquiera de los casos, las partes podrán interponer recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, lo que podría extender el proceso hasta por cinco años más. En caso de ratificación, el Tribunal también deberá decidir si impone medida de aseguramiento inmediata, mientras Uribe ejerce su defensa.
Como gesto de confianza en el sistema judicial, Uribe renunció formalmente a la prescripción del caso, que vencía el 16 de octubre, asegurando que desea un fallo “en derecho y sin dilaciones”. Sin embargo, la polarización política en torno al proceso ha escalado en redes sociales y medios de comunicación. Sectores uribistas denuncian una “persecución judicial”, mientras movimientos de víctimas celebran la posibilidad de una condena que —dicen— “representaría justicia histórica”.
El país entero estará pendiente de la lectura virtual del Tribunal, que promete ser un episodio de alto impacto político y mediático. Más de 1.500 periodistas nacionales e internacionales se acreditaron para seguir el evento en tiempo real. La decisión podría redefinir la relación entre el poder político y el sistema judicial en Colombia.
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