Las protestas frente a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá escalaron en violencia cuando una flecha impactó a cuatro policías. El hecho desató preocupación diplomática y tensó aún más las relaciones entre el Gobierno, los movimientos sociales y las autoridades, en medio de una ola de tomas y bloqueos en entidades públicas.

Una protesta estudiantil que parecía rutinaria terminó en un episodio violento que sacudió la capital. En las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, sobre la avenida El Dorado, cuatro policías resultaron heridos por una flecha lanzada por desconocidos durante los disturbios que estallaron este viernes en Bogotá. Los manifestantes, en su mayoría estudiantes y miembros del movimiento Congreso de los Pueblos, bloquearon la vía principal en rechazo a la política exterior de Washington y al apoyo del Gobierno norteamericano a Israel, lo que generó enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Videos difundidos en redes sociales mostraron el momento exacto en que un agente fue impactado en el brazo por el proyectil, mientras otro fue auxiliado con una herida en la pierna. La Embajada activó de inmediato sus protocolos de seguridad, mientras la Secretaría de Movilidad cerró la avenida 26 y suspendió siete estaciones de TransMilenio, afectando a más de 35.000 usuarios. Hacia las 6:00 p.m., los disturbios escalaron con el uso de pólvora, piedras y artefactos explosivos artesanales contra la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) —antiguo Esmad—, que respondió con gases lacrimógenos y maniobras de dispersión.

“Ordené el máximo cuidado con la embajada de los EE.UU. en Bogotá. Mal que después de llegar a un acuerdo con el Congreso de los Pueblos, un grupo radical haya agredido a la Policía con flechas. Colombia cumple los tratados internacionales”, declaró el presidente Gustavo Petro en su cuenta oficial.

La declaración del mandatario generó controversia, pues días antes él mismo había expresado respaldo a las protestas propalestinas que culminaron en concentraciones frente a la sede diplomática estadounidense. Este cambio de tono fue interpretado por algunos analistas como un intento de distanciar al Gobierno del ala más radical del movimiento social, en medio del creciente desorden público.

Los disturbios frente a la embajada se produjeron tras una semana de tomas simultáneas en Bogotá por parte de integrantes del Congreso de los Pueblos, quienes ocuparon instalaciones de los ministerios del Interior, Vivienda y Agricultura, además de la Universidad Nacional, donde más de 2.000 personas ingresaron sin autorización. “La universidad es de los pueblos, no necesitamos permiso para entrar”, justificó Érika Prieto, vocera del movimiento. En contraste, la vicerrectora Carolina Jiménez denunció intentos de ingreso forzado por parte de unas 400 personas, aunque aseguró que las clases continúan con normalidad.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció que detrás de las movilizaciones podrían existir “estructuras criminales”, acusación que fue rechazada por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, la cual recordó al Gobierno que la protesta pacífica es un derecho fundamental y pidió evitar la estigmatización de los manifestantes. Mientras tanto, el viceministro de Diálogo Social, Gabriel Rondón, exhortó a los líderes del movimiento a liberar las sedes ocupadas para instalar una mesa de negociación.

La situación en Bogotá continúa bajo alta tensión. La Policía Nacional mantiene presencia en los alrededores de la Embajada de Estados Unidos y en los principales ejes viales de la capital. El Gobierno solicitó la observación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para garantizar el cumplimiento de los protocolos de uso de la fuerza. Sin embargo, el ataque con una flecha reaviva los temores sobre la radicalización de ciertos grupos y plantea un nuevo desafío político y de seguridad para el Ejecutivo, que intenta equilibrar su discurso de apoyo a la protesta con la necesidad de restablecer el orden público.