Mientras el Gobierno Nacional falla en garantizar la seguridad, el Valle del Cauca se fortalece con recursos propios y estrategias concretas. Con más de $212 mil millones invertidos desde 2017, la Tasa de Seguridad liderada por la gobernadora Dilian Francisca Toro se ha convertido en el motor de la defensa ciudadana y del fortalecimiento de la Fuerza Pública.

En un contexto de deterioro nacional de la seguridad y la expansión del crimen organizado, el Valle del Cauca ha decidido no esperar más. Con una inversión que supera los $212 mil millones desde 2017, la Tasa de Seguridad se ha consolidado como el principal respaldo financiero del departamento para enfrentar a los grupos armados ilegales y garantizar la protección de los ciudadanos.

La gobernadora Dilian Francisca Toro ha convertido esta herramienta en una política de Estado regional. “Sin esta herramienta estaríamos trabajando a ciegas”, afirmó la mandataria, subrayando que la tasa —ahora respaldada por la Ordenanza 692 de 2025— permite actuar con rapidez ante un panorama donde el Gobierno Nacional ha fallado. “La Paz Total solo sirvió para fortalecer a los grupos armados ilegales. No hubo una estrategia real, y mientras el Gobierno hablaba de cese al fuego, las disidencias y el ELN se rearmaban”, sentenció Toro.

El impacto de la estrategia es tangible. En los últimos dos años, la Gobernación del Valle ha destinado $983 millones en recompensas, que han permitido capturar a 150 delincuentes de alto perfil, muchos de ellos gracias a denuncias ciudadanas. Además, se ha financiado la compra de equipos tecnológicos, sistemas de comunicación, vehículos, y dotaciones para reforzar las capacidades de la Policía, el Ejército y la Armada Nacional.

Los logros más destacados muestran una acción de gobierno concreta, no discursiva. Gracias al sistema de monitoreo satelital adquirido por la Gobernación, fue posible rescatar en altamar a 21 tripulantes de la embarcación Doña Sheiry en Buenaventura. También se entregaron 85 geolocalizadores conectados directamente con la Capitanía de Puertos, una medida que ha salvado vidas y reducido los ataques a embarcaciones en el Pacífico.

Durante la COP16, el departamento implementó un sistema antidrones con recursos propios, esencial para contrarrestar ataques de las disidencias. “Nos atacaron con drones y el Gobierno nacional no gestionó. Tuvimos que comprar nosotros cinco sistemas antidrones: tres para la Policía, dos para el Ejército y uno más que llegará a la Armada. Son decisiones que no pueden esperar”, explicó Toro, dejando en evidencia la falta de acción desde Bogotá.

La inversión no se detiene. Para este cuatrienio, la proyección supera los $170 mil millones, destinados a un nuevo sistema de comunicaciones para la Policía con una inversión de $50 mil millones, y $7.500 millones adicionales para radios satelitales del Ejército que llegarán en noviembre.

En materia de dotación, los resultados son contundentes: 300 motocicletas, 38 vehículos, 950 chalecos antibalas, 131 cámaras de videovigilancia y 85 dispositivos de geolocalización entregados a las fuerzas del orden. Estas acciones refuerzan la capacidad operativa en municipios críticos como Tuluá, Cartago y Buenaventura, donde el accionar de comandos especiales ha permitido frenar el avance de bandas dedicadas a la extorsión, el microtráfico y el homicidio.

Una de las apuestas más importantes ha sido la creación del Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad (CGES) en Buga, considerado el “cerebro” de la inteligencia departamental. Este centro, financiado con la Tasa de Seguridad, monitorea en tiempo real 29 municipios, articula respuestas inmediatas y ha sido clave en la desarticulación de estructuras criminales.

A la par del fortalecimiento militar y tecnológico, la Gobernación también ha impulsado programas sociales con enfoque en prevención. El proyecto ‘Fuerza Joven por el Valle’ ha vinculado a 2.000 jóvenes en labores de apoyo a la seguridad, ofreciéndoles formación, bonos bimestrales de un millón de pesos y acompañamiento psicosocial. La meta es clara: integrar a la juventud a la construcción de un futuro en paz, sin armas y con oportunidades.

“La Tasa de Seguridad es inversión en inteligencia preventiva. Sin ella, no podríamos apoyar ni a la Policía, ni al Ejército, ni a la Armada. Es el respaldo concreto de un gobierno que no se queda en discursos, sino que actúa para proteger a su gente”, concluyó la gobernadora Dilian Francisca Toro, reafirmando el compromiso del Valle del Cauca con la defensa de sus ciudadanos frente al abandono del Estado.