Un documento oficial revelado por el concejal Daniel Briceño vincula a un contratista de la Presidencia con las protestas frente a la Andi en Bogotá que terminaron en disturbios. El episodio destapa las tensiones entre el discurso “pro derechos humanos” del Gobierno Petro y las acciones de quienes lo representan dentro del aparato estatal.

El jueves 2 de octubre, Bogotá volvió a ser escenario de disturbios. Lo que comenzó como una manifestación de solidaridad con las activistas colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, detenidas por Israel en el Mediterráneo, terminó en caos frente a la sede de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). Vidrios rotos, ataques con pintura y choques con la Fuerza Pública fueron el saldo de una jornada que, según nuevas denuncias, no fue tan espontánea como el Gobierno pretende mostrar.

El concejal Daniel Briceño (Centro Democrático) reveló que Juan Camilo Villalobos, uno de los activistas que convocaron la protesta, tiene contrato vigente con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). En sus redes, Briceño publicó la evidencia: el Contrato de Prestación de Servicios N.º 155-25 de 2025, firmado entre Villalobos y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

El documento, con un valor total de $96.228.600, establece que Villalobos debe “apoyar las actividades de los subsistemas del Sistema Nacional de Derechos Humanos en el marco del proyecto de inversión”. Sin embargo, no especifica el proyecto exacto. Según el mismo registro, el contratista recibe $9.252.750 mensuales, ya ha ejecutado $31.459.350 y mantiene un “pago en trámite” por otros nueve millones. Su contrato está firmado hasta el 31 de diciembre de 2025.

“Juan Camilo Villalobos, una de las personas que convocó el hostigamiento contra la Andi el jueves en Bogotá, es contratista de la Presidencia de la República. Aun así, los amigos del gobierno antiempresa dicen que lo de ayer fue una ‘acción espontánea del movimiento social’”, denunció el concejal Briceño.

Durante la mañana del jueves, en una entrevista con Blu Radio, Villalobos admitió haber participado en la organización de la manifestación. Según él, el objetivo era denunciar los vínculos comerciales entre la Andi y la misión económica de Israel. “Hace cuatro meses, la misión de negocios de Israel hizo un encuentro con la Andi. Vimos con tristeza que criticaron la suspensión de exportaciones de carbón hacia ese país”, afirmó el activista. También anunció una nueva movilización para el 7 de octubre, esta vez desde la Embajada de Estados Unidos hacia la Plaza de Bolívar, asegurando que el llamado será “pacífico”.

Sin embargo, las escenas vividas en la capital contradicen ese mensaje. La alcaldía de Bogotá, a cargo de Carlos Fernando Galán, confirmó que se vio obligada a ordenar el uso de la Fuerza Pública luego de que los manifestantes atacaran instalaciones privadas y un CAI de la Policía. “A las 4:39 p. m. se ordenó la intervención tras agotarse los intentos de diálogo”, precisó el mandatario local.

Desde la Andi, su presidente Bruce Mac Master rechazó los hechos y negó cualquier relación con el conflicto en Medio Oriente. “Poco tenemos que ver con los países involucrados en esa guerra. Llamamos a los activistas a reconsiderar su posición”, señaló en un video difundido por medios radiales.

El caso ha despertado preocupación por el uso de recursos públicos y la participación política de funcionarios contratistas. En redes sociales, varios analistas cuestionaron cómo un miembro activo de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos puede organizar actos de presión política contra el sector empresarial, en abierta contradicción con el principio de neutralidad estatal.

Más aún cuando el Sistema de Medios Públicos (RTVC), bajo control del Gobierno, fue el encargado de amplificar las protestas y el propio presidente Gustavo Petro replicó mensajes en apoyo a los manifestantes, sin condenar los actos vandálicos. “Bogotá sale a las calles por nuestras colombianas secuestradas… Jóvenes de todo el mundo deberían citarnos a la huelga general mundial”, escribió el mandatario en X (Twitter).

En los hechos, la protesta terminó convertida en un ataque contra el gremio empresarial más influyente del país. Y la denuncia de Briceño abre un nuevo frente político: un contratista del Gobierno participando activamente en acciones hostiles contra un sector privado, mientras el propio Ejecutivo intenta presentarlas como expresiones “espontáneas del pueblo”.

“Estos hechos alimentan la polarización. Al mezclar el apoyo a Palestina con la defensa del Gobierno Petro, se desdibuja la frontera entre activismo social y manipulación política”, explicó el politólogo Manuel Camilo González, profesor de la Universidad Javeriana.

El escándalo de Villalobos no solo erosiona la imagen del Gobierno en materia de transparencia, sino que también reaviva la tensión entre la administración Petro y el empresariado, en un momento en que el país sufre una recesión económica y una creciente fuga de inversión extranjera.