El nombramiento de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia se hunde en un pantano judicial. Tres demandas acumuladas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acusan al Gobierno Petro de violar la norma de paridad de género en el gabinete, mientras crece el escándalo político por la doble moral del Ejecutivo en materia de equidad.

La tormenta política que rodea al Gobierno de Gustavo Petro no da tregua. A la crisis diplomática con Estados Unidos, los tropiezos del gabinete y las pugnas internas por la “paz total”, se suma ahora el escándalo jurídico que amenaza con tumbar al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Su nombramiento, firmado el 13 de junio mediante el Decreto 0647, enfrenta tres demandas acumuladas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por presunta violación de la norma de paridad de género que rige la integración del gabinete ministerial.

Los demandantes —Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, Marco Adrián Artunduaga Gómez y Juan Manuel López Molina— coinciden en un mismo argumento: la designación de Montealegre no solo desbalancea la representación femenina dentro del alto gobierno, sino que constituye un acto administrativo ilegal que vulnera los principios constitucionales de igualdad y equidad.

La Defensoría del Pueblo ya había advertido el mismo problema semanas atrás, solicitando formalmente que se revocara el nombramiento por incumplir los criterios de paridad. Sin embargo, el Ejecutivo guardó silencio y Montealegre asumió el cargo con una ceremonia sobria, mientras el país observaba cómo la retórica feminista del petrismo se desmoronaba frente a la realidad política.

El Tribunal Administrativo decidió acumular las tres demandas en un solo proceso para unificar criterios y evitar fallos contradictorios. Aunque los accionantes pidieron la suspensión provisional del ministro mientras se resuelve el fondo, la solicitud fue negada de momento. El caso, sin embargo, fue remitido al Consejo de Estado, que deberá decidir si Montealegre puede seguir en el cargo o si deberá apartarse de manera temporal mientras se analiza la legalidad de su nombramiento.

Detrás de la controversia hay un punto de fondo que incomoda al Gobierno: la incoherencia entre el discurso de paridad y la práctica política real. Petro ha hecho de la equidad de género un estandarte público —al menos en el discurso—, pero en su administración los nombramientos masculinos superan ampliamente a los femeninos en ministerios clave. El caso Montealegre se ha convertido, por tanto, en el símbolo de un doble rasero: se predica igualdad, pero se gobierna con desequilibrio.

Fuentes cercanas al proceso aseguran que el Consejo de Estado tomará su decisión en las próximas semanas, en un fallo que podría tener repercusiones institucionales de largo alcance. Si el alto tribunal anula el decreto, el Gobierno no solo perdería a su ministro de Justicia, sino que abriría la puerta a una ola de impugnaciones contra otros nombramientos que vulneren el principio de paridad.

Montealegre, por su parte, guarda silencio. Mientras dirige una de las carteras más sensibles del Ejecutivo, enfrenta la paradoja de ser el titular de Justicia cuestionado por haber sido nombrado en violación de la ley. La ironía es tan evidente como política: el ministro encargado de garantizar la legalidad de los actos del Estado podría convertirse en víctima de su propia ilegalidad.

En los pasillos de Palacio ya se habla de la posibilidad de que Petro intente blindarlo mediante una reinterpretación jurídica del decreto, pero esa maniobra sería vista como un golpe directo al principio de separación de poderes. En otras palabras, una señal más del progresismo autoritario que ha caracterizado a su administración.

“El caso Montealegre no es un problema de forma, es el reflejo de un Gobierno que cree que la ley es una herramienta ajustable a sus necesidades políticas”, señaló un exmagistrado del Consejo de Estado consultado por este medio.

Si el Consejo de Estado determina que el decreto violó la norma de paridad, Petro no solo tendrá que reemplazar a Montealegre, sino admitir que su Gobierno incumple los estándares de igualdad que tanto presume en foros internacionales. La crisis, una vez más, se cocina dentro de su propio gabinete.