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El Gobierno de Gustavo Petro reactivó la mesa de “paz total” con exjefes de las AUC en plena temporada preelectoral, bajo la batuta del ministro Armando Benedetti. El anuncio, cargado de promesas de “verdad”, ha levantado sospechas sobre un cálculo político que podría explotar el pasado violento del país para manipular la opinión pública.
El Gobierno colombiano vuelve a poner en escena la llamada “paz total”, pero esta vez con una dosis evidente de cálculo político. Menos de cuatro meses después del fracaso del primer intento, la Casa de Nariño decidió revivir las conversaciones con los excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en un movimiento que coincide sospechosamente con la antesala de las elecciones presidenciales de 2026.
El protagonista de esta nueva versión del proceso no es Otty Patiño, el comisionado de paz que perdió credibilidad entre los desmovilizados, sino el ministro del Interior, Armando Benedetti, un político curtido en escándalos, que ahora funge como operador político del presidente Gustavo Petro. Fue precisamente Benedetti quien encendió la polémica al afirmar, tras reunirse con los exparamilitares, que estos estaban “listos para decir la verdad”, y que esa verdad “asombraría a Colombia”, especialmente a la “clase política cómplice de masacres y asesinatos”.
“Varios de esos actores políticos hoy son candidatos”, advirtió Benedetti con tono casi amenazante, insinuando que las revelaciones podrían tener un impacto directo en la contienda electoral. Lo que para el Gobierno se presenta como un acto de justicia transicional, para la oposición y diversos analistas huele más a una estrategia de presión y manipulación política.
El decreto 327 del 21 de septiembre de 2025, firmado por Petro, restablece la figura de “gestores de paz” a 16 excomandantes paramilitares, entre ellos nombres tan recordados como Salvatore Mancuso, “Don Berna”, “Jorge 40”, “Macaco” y “Cuco Vanoy”. Todos ellos, condenados por atrocidades cometidas en medio del conflicto, volverán a tener micrófono y visibilidad gracias a la política de reconciliación del petrismo.
El proceso es presentado como un intento por cerrar el ciclo de la Ley de Justicia y Paz de 2006, pero las contradicciones jurídicas son profundas. Expertos consultados señalan que si los exjefes tienen “nuevas verdades” que no contaron en su momento, eso implica que mintieron ante los tribunales y que, por tanto, deberían perder los beneficios judiciales que les permitieron salir de prisión tras cumplir apenas ocho años. En palabras de un jurista cercano al proceso: “Si hoy dicen algo nuevo, confiesan que ocultaron la verdad durante 19 años; eso los haría reincidentes y podría llevarlos de nuevo a la cárcel”.
Otro problema es que el Congreso nunca aprobó un marco jurídico específico para estas nuevas mesas de “paz total”. En la práctica, no está claro bajo qué jurisdicción serían evaluados los testimonios: la justicia ordinaria, la transicional o una figura híbrida creada por decreto. Algunos de los firmantes del proceso, como “Macaco” y “Jorge 40”, incluso fueron expulsados de Justicia y Paz por reincidir en delitos y por omitir información clave.
El abogado Michel Pineda, representante de “Don Berna” y “Cuco Vanoy”, reconoció en declaraciones a El Colombiano que el proceso actual “tiene más fines políticos que jurídicos”. Aunque se mostró optimista frente a los posibles avances, advirtió que “la justicia transicional no puede ser eterna, ni usada como escenario de propaganda gubernamental”.
La presencia de Benedetti al frente de esta mesa, además, le da un matiz de intervención electoral a un proceso que debería mantenerse en el ámbito judicial. Su afirmación sobre los “políticos beneficiados por las AUC” no parece buscar justicia, sino reavivar heridas para ganar titulares y desgastar a la oposición en vísperas de una campaña presidencial.
El presidente Petro, por su parte, no ha explicado por qué decidió resucitar un proceso desgastado, ni cómo piensa garantizar que esta vez sí habrá verdad y reparación. Tampoco ha respondido a las críticas de víctimas que sienten que sus verdugos vuelven a tener voz, no para pedir perdón, sino para servir a un proyecto político.
Así, la “paz total” parece desdibujarse entre discursos de redención y cálculos de poder. A medida que el país se acerca al 2026, el Gobierno juega con fuego: instrumentaliza la memoria de la guerra para ganar terreno político, mientras pone en riesgo la credibilidad de la justicia transicional.
“Lo que está haciendo el Gobierno no es paz ni justicia: es una reedición del viejo pacto entre poder y violencia, esta vez con el sello progresista del petrismo”, advierte un exfuncionario de Justicia y Paz consultado bajo reserva.
El dilema de fondo sigue siendo el mismo: ¿busca el Gobierno verdad y reconciliación, o simplemente convertir la sangre del pasado en combustible electoral?
