Las manifestaciones por la detención de dos colombianas en Israel derivaron en ataques contra la Andi, pero nuevas revelaciones apuntan a que detrás hubo planeación política y participación de contratistas de Presidencia.

La Asociación Nacional de Industriales (Andi) se convirtió en el blanco inesperado de las protestas que estallaron esta semana por la detención de dos colombianas en Israel. Aunque inicialmente se presentaron como marchas de solidaridad con Manuela Bedoya y Luna Barreto —detenidas tras participar en una flotilla humanitaria hacia Gaza—, la narrativa cambió rápidamente hacia un ataque directo contra la organización empresarial, acusada de “tener vínculos” con la misión económica de Israel.

El detonante ocurrió el miércoles 1 de octubre, cuando se conoció el comunicado del movimiento “Global Summit Flotilla”. Allí no solo exigieron la liberación de las colombianas, sino que convocaron a movilizaciones masivas contra la Andi, bajo la advertencia: “Si bloquean la ayuda humanitaria, bloqueamos el flujo económico”. A partir de ese mensaje, se desataron protestas en Bogotá, Medellín y Cali, con epicentro en la sede de la Andi en la Calle 72 de la capital. Aunque la mayoría de marchantes actuaron pacíficamente, grupos encapuchados vandalizaron un Starbucks y un CAI de Policía.

El presidente Gustavo Petro alimentó la tensión al replicar en X mensajes de apoyo a las protestas, sin condenar los hechos de violencia. En uno de sus trinos escribió: “Bogotá sale a las calles por nuestras colombianas secuestradas (…). Jóvenes de todo el mundo deberían citarnos a la huelga general mundial”. En la misma línea, la exministra de Ambiente Susana Muhamad respaldó la movilización contra la Andi como parte de la “solidaridad mundial”.

Sin embargo, el jueves se destapó lo que parece una estrategia previamente diseñada. El activista Juan Camilo Villalobos, vocero del Movimiento Global a Gaza, admitió en Blu Radio que desde hace meses identificaron relaciones empresariales entre la Andi e Israel, lo que motivó las protestas. Villalobos también anunció una nueva jornada de movilización para el 7 de octubre frente a la Embajada de Estados Unidos.

El problema radica en que Villalobos no es un simple activista: tiene un contrato con la Presidencia de la República por más de $96 millones, según denunció el concejal de Bogotá Daniel Briceño. El contrato establece que presta servicios profesionales en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, lo que genera serias dudas sobre si las protestas contra la Andi fueron promovidas con recursos del Estado.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, respondió con indignación. En un comunicado denunció amenazas de asedio, ataques digitales y hostigamientos: “La Andi poco tiene que ver con el conflicto en Gaza. Rechazamos la violencia en cualquier parte del mundo, también en Colombia”. El dirigente gremial pidió a los manifestantes reconsiderar su postura y dejó claro que la asociación no tiene relaciones comerciales con Israel.

Para analistas, como el politólogo Manuel Camilo González de la Universidad Javeriana, el trasfondo es aún más preocupante: estas acciones mezclan la política interna de apoyo al Gobierno Petro con el conflicto internacional de Palestina, generando una peligrosa polarización. “Se asume que quien no apoya las protestas es enemigo de Petro y de Palestina, y eso es un error”, explicó.

“Estos hechos no son simples expresiones sociales: hay un guion político detrás que convierte a un gremio como la Andi en chivo expiatorio de las tensiones internacionales y del desgaste del Gobierno Petro”, concluye el experto.