Un ciudadano llamado Jhon Brayan Enciso Quintero demandó al presidente Gustavo Petro por atentar contra su buen nombre y dignidad tras el comentario en el que calificó a los “Brayans” como “muchachos perdidos en la vida”.

Lo que comenzó como una frase lanzada con aparente ligereza en un Consejo de Ministros terminó convertido en un proceso judicial contra el presidente Gustavo Petro. El 15 de septiembre, frente a su gabinete, el mandatario soltó un comentario que rápidamente incendió las redes y abrió un nuevo debate sobre discriminación y estigmatización: “Muchachos perdidos en la vida, yo les llamo Brayans. En todo barrio popular hay un Brayan que se lleva a las mujeres quién sabe a dónde, y después las deja embarazadas y botadas. Uno de los mayores problemas de Colombia y Bogotá es la mujer embarazada. Los Brayans son hombres vampiros porque en la sociedad hay hombres y mujeres vampiros, codiciosos, que no protegen a la mujer y a sus crías”.

La frase, que pretendía ejemplificar un problema social, desató indignación en quienes llevan ese nombre. Uno de ellos, identificado como Jhon Brayan Enciso Quintero, decidió dar la pelea jurídica: radicó una tutela en la que acusa al jefe de Estado de vulnerar sus derechos fundamentales al buen nombre, la honra, la igualdad y la dignidad. El proceso ya fue admitido por la justicia.

El auto de admisión es contundente: “Se avoca el conocimiento de la acción de tutela instaurada por Jhon Brayan Enciso Quintero en contra del presidente de la República de Colombia, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al buen nombre, honra, igualdad y dignidad; trámite al cual se vinculará a la comisión legal de investigación y acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia, a la Presidencia de la República y a la Defensoría del Pueblo de Colombia”.

Mientras algunos sectores intentaron trivializar el episodio con memes, campañas de restaurantes y hasta promociones de agencias de viajes, la controversia adquirió otra dimensión con la acción judicial. Para sus críticos, no se trata de una simple broma, sino de un acto de discriminación institucionalizada que refuerza estigmas sociales sobre la clase popular y el peso de un nombre propio.

El hecho abre un nuevo flanco de cuestionamientos para el presidente, ya golpeado por escándalos de seguridad, corrupción y manejo de la política antidrogas. En este caso, la batalla no gira en torno a macroeconomía ni a la paz total, sino a algo tan cotidiano como un nombre propio convertido en símbolo de burla presidencial. La tutela contra Petro será el escenario para definir si sus palabras fueron una “metáfora desafortunada” o si, como sostiene Enciso Quintero, constituyeron un ataque directo a la honra y dignidad de miles de colombianos que hoy se sienten señalados.