Las dudas sobre su preparación académica, el uso de un helicóptero oficial y sus nexos con figuras polémicas tienen contra las cuerdas a la joven funcionaria que Petro mantiene como delegada en la Universidad Popular del Cesar.

El nombre de Juliana Guerrero, una joven de apenas 23 años, se ha convertido en un dolor de cabeza para el Gobierno de Gustavo Petro. Aunque es cercana al círculo del mandatario y ha trabajado bajo el ala de Armando Benedetti, las múltiples denuncias que la rodean han encendido alarmas en el Congreso, en la academia y hasta dentro del propio gabinete. Este martes, la congresista Jennifer Pedraza y el líder estudiantil Juan Sebastián Niño pidieron públicamente al presidente retirarla del Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar (UPC), donde ocupa un asiento como su delegada.

Ambos coinciden en que Guerrero “no representa al movimiento estudiantil ni a la comunidad cesarense”. La presión llega en un momento crítico, pues en paralelo se ventila su inminente nombramiento como viceministra de Juventudes, decisión que ha dividido al Ministerio de Igualdad y que genera resistencia incluso en la Casa de Nariño.

Las polémicas no son pocas. Primero, las denuncias sobre un supuesto título exprés en Contaduría Pública, obtenido sin los debidos requisitos y sin que aparezca registro del examen Saber Pro. El caso ya prendió alarmas en la Universidad San José, que anunció acciones penales contra el secretario general que habría facilitado la expedición del diploma. Además, hay registros de un presunto uso irregular de un helicóptero de la Policía para trasladarse hasta la UPC en medio de disputas políticas con Alfredo Saade, otro exaliado incómodo del petrismo.

La trayectoria de Guerrero tampoco despeja las dudas. Fue secretaria privada de Benedetti cuando fungía como jefe de despacho presidencial y luego lo acompañó como jefa de despacho en el Ministerio del Interior. Desde entonces, su ascenso meteórico ha sido defendido por Petro, quien en un Consejo de Ministros la describió como “joven, activa y rebelde, como las juventudes que nos hicieron ganar las elecciones”. Sin embargo, investigaciones de medios como Cambio y El Colombiano cuestionan su falta de experiencia y señalan presuntas irregularidades en su paso por entidades públicas.

El trasfondo académico también compromete a la propia UPC. Según informes de prensa, la institución multiplicó sus ingresos de manera sospechosa entre 2018 y 2021, firmando contratos por más de $1.392 millones y convenios posteriores con gobernaciones y alcaldías que superan los $26.000 millones. Esa red de contratos y el poder que representa la delegación presidencial explican, en parte, la puja política en torno a Guerrero.

Hoy, la presión crece y las dudas se acumulan. ¿Será capaz Petro de sostener a su cuestionada funcionaria pese a la tormenta política y las investigaciones judiciales que se avecinan? Lo cierto es que la controversia ya se convirtió en un nuevo flanco de ataque contra el Gobierno, alimentando las críticas de quienes ven en este caso un símbolo de improvisación, nepotismo y manejo turbio de la burocracia.