El hijo del mandatario reveló cómo entraron dineros cuestionados a la campaña presidencial de 2022. Hoy, esas confesiones vuelven a perseguir a Gustavo Petro en medio de su choque con la Fiscalía.

La tormenta política y judicial que rodea al presidente Gustavo Petro no proviene de la oposición ni de sus adversarios tradicionales: nace de su propio hijo. Nicolás Petro, exdiputado del Atlántico, entregó a la Fiscalía y a medios de comunicación confesiones que retratan una campaña presidencial atravesada por aportes millonarios sin registro, pactos burocráticos y encuentros con empresarios de dudosa reputación. Aunque las revelaciones se conocieron meses atrás, la reciente confrontación entre el mandatario y la fiscal Viviana Laborde las revive con más fuerza.

El presidente denunció que la fiscalía actúa bajo intereses políticos y filtra información a la oposición. Sin embargo, lo que lo golpea no es solo la actuación de la justicia, sino las palabras de su propio hijo. Nicolás narró con detalle cómo circuló el dinero, quiénes pusieron los recursos y quiénes del círculo cercano de Petro sabían y gestionaban esos aportes. Lo que se perfila no es un inventario de rumores: son ocho confesiones concretas que, por su gravedad, no dejan de pesar en el debate nacional.

Entre ellas, Nicolás admitió haber recibido entre 500 y 600 millones de pesos de personajes como Samuel Santander López Sierra, alias “el Hombre Marlboro”; Gabriel Hilsaca Acosta, heredero del “Turco Hilsaca”; y el empresario Óscar Camacho. El dinero, dijo, se repartió entre logística de campaña y gastos personales. También señaló a Euclides Torres como principal financiador de la campaña, aseguró que Petro lo sabía y relató incluso una reunión entre ambos en Florencia (Italia) tras la segunda vuelta.

Otro frente de sus confesiones apunta a Laura Sarabia, a quien acusó de ubicar funcionarios en cargos estratégicos para favorecer a Torres, como la Superintendencia de Transporte. Además, mencionó aportes de empresarios que canalizaron recursos a través de políticos como Máximo Noriega y Agmeth Escaf, este último vinculado a una supuesta campaña paralela de Verónica Alcocer. Reconoció también que mintió sobre Alfonso Prada para justificar favores ante su entonces pareja, exonerándolo de cualquier participación.

Las declaraciones exponen nombres, cifras y vínculos que van más allá de chismes de campaña: constituyen piezas de un posible entramado de financiamiento irregular y tráfico de influencias que hoy se investiga en la justicia. La paradoja es brutal: mientras el presidente se presenta como abanderado de la transparencia, es su hijo quien lo señala de haber ignorado o permitido el ingreso de dineros oscuros a la campaña que lo llevó al poder.

El caso aún no tiene desenlace judicial, pero el costo político ya está consumado. Nicolás Petro trazó un mapa de aportantes, operadores políticos y favores burocráticos que compromete la credibilidad del discurso oficial. Y aunque el mandatario lo califique de persecución, lo cierto es que las ocho confesiones de su hijo se convirtieron en un espejo incómodo que refleja lo que el país no puede dejar de mirar: la fragilidad moral y política del proyecto que prometió luchar contra la corrupción.