La exviceministra de las mujeres, con 14 denuncias por acoso laboral y hasta acusaciones de agresión física, vuelve a aparecer en la nómina del Ministerio de Igualdad. La decisión desata indignación en una cartera que prometía defender derechos y hoy naufraga entre escándalos.

Tamara Ospina-Posse, una de las funcionarias más cuestionadas que han pasado por el Ministerio de Igualdad, está a punto de regresar al viceministerio de las mujeres pese a su salida polémica hace apenas tres meses. Su nombre apareció nuevamente publicado en la página de Presidencia, lo que confirma que el Gobierno Petro la mantiene como ficha clave en una cartera que ya acumula fracturas internas, denuncias y un historial de maltrato institucional contra sus propios trabajadores.

En julio, Ospina-Posse renunció tras la revelación de al menos 14 denuncias por acoso laboral, persecución política, violencia de género e incluso racismo. Una de las más graves fue interpuesta por Jenny Liliana Pulido Velásquez, contratista del Consejo de Operaciones Públicas, quien aseguró que la entonces viceministra la golpeó en la boca con un teléfono celular durante una reunión en la que se discutía el uso de recursos para la participación de mujeres en la COP16. La Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el propio Ministerio recibieron testimonios que describen un ambiente de miedo, intimidación y hostigamiento, contradiciendo de lleno el discurso de igualdad que la cartera dice encarnar.

Los testimonios recogidos por El Colombiano revelaron que la hostilidad no era un caso aislado. Varios funcionarios hablaron de un patrón de exclusión sistemática contra quienes hacían parte del círculo cercano de Francia Márquez antes de que fuera apartada de la dirección política del ministerio. La estrategia, según los afectados, consistía en “ningunear, no convocar a reuniones y aburrir a los equipos hasta llevarlos a renunciar”. El resultado: un ambiente laboral tóxico en una institución creada, en teoría, para ser garante de la dignidad y los derechos humanos.

Ospina-Posse, por su parte, siempre negó las acusaciones y las calificó como una campaña de desprestigio. En entrevistas posteriores a su renuncia, argumentó que no se le garantizó debido proceso y que, en realidad, su voz había sido marginada en las decisiones de alto nivel. Aseguró que su gestión careció de autonomía, que las instrucciones llegaban directamente del ministro Carlos Alfonso Rosero o de otros funcionarios, y que nunca tuvo control sobre los recursos ni capacidad para ejecutar proyectos con independencia.

Su eventual regreso, en plena transición bajo la administración de Juan Carlos Florián, reabre viejas heridas. Para las víctimas y testigos de los hechos denunciados, representa una afrenta: el retorno de quien, según sus relatos, convirtió al viceministerio en un espacio de abuso. Para la opinión pública, marca otro capítulo del desorden y la incoherencia en un Ministerio de Igualdad que nació con promesas de justicia social y terminó atrapado en pugnas burocráticas, denuncias penales y la sombra de la improvisación.

En un país marcado por la violencia contra las mujeres y la desigualdad estructural, la vuelta de Ospina-Posse es percibida como un insulto: un mensaje de que las denuncias no importan y que la impunidad puede abrir la puerta de regreso incluso en los espacios que deberían ser referentes de protección y confianza.