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La Defensoría del Pueblo presentó un informe que deja al descubierto la dramática realidad de la violencia de género en Colombia. Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026 se registraron 129 noticias criminales por feminicidio, de las cuales 15 fueron casos consumados y 114 tentativas. Además, se reportaron 4.957 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres.
Estas cifras, obtenidas de la Fiscalía General de la Nación, muestran que el problema no solo persiste, sino que mantiene una tendencia alarmante. En 2025 se registraron 472 noticias criminales por feminicidio, con 121 casos consumados, y 15.785 reportes de violencia intrafamiliar. El primer trimestre de 2026 ya representa una porción significativa de lo ocurrido en todo el año anterior.
El informe también destaca 11 transfeminicidios en lo que va de 2026, cifra que ya se acerca a un tercio de los 30 casos registrados en todo 2025. En cuanto a la distribución geográfica, departamentos como Guaviare, Boyacá, Quindío y Santander lideran las tasas de feminicidio por cada 100.000 mujeres, mientras que Vaupés, Guainía y Boyacá registran las mayores incidencias de violencia intrafamiliar.
La Defensoría reconoció que estos números apenas reflejan una parte de la realidad, ya que muchas víctimas no denuncian por miedo, desconfianza o falta de acceso a la justicia. Las mujeres mayores de 18 años son las principales afectadas, pero también se reportaron 618 casos contra niñas y adolescentes, además de 81 agresiones contra mujeres con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas.
A pesar de que el gobierno de Gustavo Petro ha hecho de la «equidad de género» uno de sus ejes discursivos, los resultados concretos siguen siendo insuficientes. Años de políticas públicas, campañas institucionales y presupuestos destinados a este tema no han logrado revertir la tendencia. Las cifras demuestran que la violencia contra las mujeres continúa siendo un problema estructural que requiere mucho más que discursos y decretos.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y otras autoridades regionales han insistido en la necesidad de acciones más concretas y coordinadas. Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo llamó a fortalecer las rutas de protección y atención a las víctimas, aunque reconoció las limitaciones del Estado para prevenir estos crímenes de manera efectiva.
