Una investigación de Semana destapó que la Unidad para las Víctimas, dirigida por Adith Romero Polanco, habría firmado más de 530 contratos por $19 mil millones en apenas dos meses. Sindicatos piden su renuncia y la Contraloría ya revisa presuntos sobrecostos.

La entidad creada para reparar a quienes han sufrido las secuelas del conflicto armado colombiano atraviesa una tormenta que amenaza su legitimidad. La Unidad para las Víctimas, que maneja uno de los presupuestos más altos del país —4,5 billones de pesos en 2025—, está bajo la lupa tras denuncias de corrupción y clientelismo político. La revista Semana reveló que, en tan solo dos meses, la dirección de Adith Romero Polanco suscribió 530 contratos por más de 19.000 millones de pesos, lo que despertó alertas por la magnitud y la celeridad de estas contrataciones.

De acuerdo con el informe, 404 contratos fueron firmados directamente por la Unidad (14.287 millones de pesos) y otros 126 a través del Fondo de Reparación a las Víctimas (4.921 millones). Entre los hallazgos están pagos de hasta 15 millones de pesos mensuales para ciertos contratistas, así como la presencia de directivos con vínculos políticos al senador Gustavo Moreno Hurtado, a quien se señala de haber recibido la entidad como cuota por su apoyo al Gobierno Petro en el Congreso. Funcionarios denunciaron presiones internas para favorecer campañas de cara a las elecciones de 2026, lo que refuerza la sospecha de que la Unidad se ha convertido en un fortín político.

La investigación también expone irregularidades en actividades comunitarias, como ollas populares facturadas en 19 millones de pesos, kits de “armonización” a un millón cada uno y uniformes deportivos con cantidades superiores al número de asistentes. Estos casos ya estarían siendo revisados por la Contraloría General de la República.

La Unidad respondió con un comunicado en el que aseguró que su ejecución presupuestal alcanzó el 37% al 21 de septiembre, lo que —según su versión— desmiente un bajo desempeño. Además, informó que este año se han ordenado indemnizaciones por 4,6 billones de pesos a favor de cerca de 600.000 víctimas, de las cuales 25.970 se realizaron en el último trimestre. También reportó más de 20.325 hogares beneficiados con ayudas humanitarias en especie y dinero.

Por su parte, Adith Romero Polanco defendió su gestión en una entrevista con el medio Río Grande, de Barrancabermeja. “Encontramos la plata, no se les daba la gana de entregarla y nosotros sí la estamos entregando”, afirmó. Negó haber firmado contratos de kits ancestrales o sudaderas y justificó los altos honorarios con resoluciones basadas en la experiencia de los contratados. También denunció que las críticas tienen un trasfondo político y social: “La alta oligarquía de este país no permite que lleguemos los que le hemos hecho el quite a la pobreza y a la violencia”.

Pese a estas explicaciones, sindicatos de la entidad han solicitado la renuncia de Romero, sumando presión al escándalo. Ni el presidente Gustavo Petro ni el senador Moreno Hurtado se han pronunciado públicamente, lo que acrecienta el manto de dudas sobre la gestión y el futuro de una institución clave para la reparación de millones de víctimas en Colombia.