Los testimonios de Nicolás Petro sobre dineros turbios en la campaña de su padre vuelven a estallar tras el choque entre el presidente y la fiscal del caso.

El caso de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente, se ha convertido en un torbellino político y judicial que vuelve a poner contra las cuerdas al Gobierno. Aunque las confesiones del exdiputado ya eran conocidas desde hace meses, su eco retumba de nuevo luego de que el presidente Gustavo Petro atacara la independencia de la fiscal Viviana Laborde, encargada del proceso, acusándola de actuar bajo intereses políticos y de filtrar información a la oposición. La respuesta del mandatario llegó apenas horas después de que la fiscal defendiera la autonomía de la investigación en una carta pública, dejando en claro que el caso no está sometido a presiones externas.

Los señalamientos del propio Nicolás Petro fueron demoledores en su momento, y ahora resurgen como un bumerán que golpea directamente a la legitimidad del presidente. En sus declaraciones ante la Fiscalía y en entrevistas con medios, el hijo del mandatario detalló el ingreso de dineros no reportados, el papel de empresarios cuestionados y hasta el conocimiento directo que su padre tenía sobre ciertos aportes. Lo que parecía enterrado, hoy recobra fuerza en medio de una batalla política que enfrenta al jefe de Estado con el aparato judicial.

Entre los puntos más explosivos, Nicolás admitió haber recibido entre 500 y 600 millones de pesos de Samuel Santander López Sierra, alias “el Hombre Marlboro”; de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del “Turco Hilsaca”; y del empresario Óscar Camacho. Parte de esos dineros habrían financiado actividades proselitistas en el Caribe, mientras otra fracción terminó en beneficio personal, administrada junto a su expareja Day Vásquez. En su relato también señaló a Euclides Torres como principal financiador de la campaña, insistiendo en que su padre lo sabía, y mencionó reuniones entre el entonces presidente electo y Torres en Florencia, Italia.

A estos testimonios se suman otros detalles comprometedores: que Laura Sarabia habría intercedido para ubicar funcionarios en entidades de interés para Torres, como la Superintendencia de Transporte; que algunos empresarios entregaron aportes por cientos de millones de pesos a través de políticos cercanos; y que incluso hubo recursos destinados a respaldar la agenda política de Verónica Alcocer mediante congresistas como Agmeth Escaf. Nicolás reconoció haber inventado una historia sobre supuestos cupos entregados por Alfonso Prada, desvinculándolo del caso, pero sostuvo que los movimientos de plata y las promesas burocráticas existieron.

Estas confesiones, aunque conocidas desde hace meses, vuelven al centro del debate en un momento en el que el presidente insiste en que se trata de una persecución judicial contra su familia. Sin embargo, los documentos, chats y nombres mencionados por su hijo configuran un mapa de presuntos delitos que la Fiscalía no puede ignorar: tráfico de influencias, falsedad documental, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La tensión política crece porque, a diferencia de escándalos pasados, este no se limita a aliados o congresistas, sino que toca el corazón mismo de la campaña presidencial de 2022 y la intimidad del círculo familiar del mandatario.

El desenlace judicial está en manos de la Fiscalía y de la Corte, pero el costo político ya se siente. El presidente, que en sus discursos se presenta como un adalid de la transparencia y enemigo de la corrupción, ahora enfrenta el peso de las confesiones de su propio hijo, que lo dejan como mínimo en un terreno de graves omisiones y como máximo bajo la sospecha de haber permitido el ingreso de dineros ilegales a su campaña.