La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a siete exjefes de las Farc a ocho años de sanción propia por más de 21.900 secuestros. La decisión, considerada histórica por algunos sectores, es calificada por víctimas como un insulto a su dolor y una afrenta directa a la memoria de quienes sufrieron uno de los crímenes más atroces del conflicto armado.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) leyó este 16 de septiembre de 2025 la primera sentencia sobre toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y demás crímenes concurrentes. La Sección de Reconocimiento de Verdad responsabilizó penalmente a siete miembros del antiguo Secretariado de las Farc: Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’; Pastor Lisandro Alape Lascarro; Milton de Jesús Toncel Redondo, alias ‘Joaquín Gómez’; Jaime Alberto Parra Rodríguez, alias ‘El Médico’; Julián Gallo Cubillos, alias ‘Carlos Antonio Lozada’; Pablo Catatumbo Torres Victoria; y Rodrigo Granda Escobar, alias ‘Ricardo Téllez’.

La JEP concluyó que los exjefes guerrilleros fueron responsables de implementar una política sistemática de secuestros en todo el país. Según el tribunal, esta práctica respondió a tres fines: financiar la estructura armada, presionar intercambios de prisioneros y ejercer control social y territorial en amplias zonas del territorio nacional. En palabras del magistrado Camilo Suárez, “esta sección declara penalmente responsable a los siete comparecientes del antiguo secretariado de las Farc por los crímenes más graves cometidos en el marco del conflicto armado”.

Los delitos imputados incluyen crímenes de guerra, como la toma de rehenes y el homicidio, y crímenes de lesa humanidad, tales como privaciones graves de la libertad, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles, violencia sexual, desplazamiento forzado, esclavitud y otros actos inhumanos cometidos por unidades bajo su mando. La investigación de la JEP reconstruyó el patrón de los secuestros, los impactos psicosociales en víctimas y familias, el daño a comunidades enteras y las políticas que permitieron la comisión de estas atrocidades durante décadas.

La decisión impuso una sanción propia de ocho años, el máximo contemplado en el Acuerdo de Paz, para los siete comparecientes. Esta sanción no implica cárcel ordinaria, sino la obligación de ejecutar proyectos restaurativos en beneficio de las comunidades y las víctimas, bajo verificación de la JEP, la Misión de la ONU y organizaciones sociales en los territorios. Entre esos proyectos se encuentran la búsqueda de personas desaparecidas, la acción contra minas antipersonal, la restauración ambiental y ecológica, y la memoria y reparación simbólica.

La magnitud del crimen es escalofriante: según el fallo, se acreditaron 21.936 casos de secuestro cometidos por las Farc. Las víctimas directas y sus familiares escucharon con indignación que el castigo se limitaría a ocho años de sanción propia, lo que muchos consideran un insulto a su dolor y una burla frente al sufrimiento vivido durante años de cautiverio, cadenas, selvas y tratos inhumanos. “Las sanciones propias son de carácter restaurativo y retributivo”, insistió la JEP, asegurando que su objetivo es dignificar a las víctimas, consolidar la paz y evitar la repetición de estos hechos.

El cumplimiento de la sanción será monitoreado por un mecanismo especial con participación de la JEP, la ONU y las comunidades. Los exjefes de las Farc deberán participar de manera conjunta en proyectos restaurativos que incluyen la búsqueda e identificación de desaparecidos, la creación de cartografía de minas, siembra de cultivos y viveros, acciones de conservación ambiental y rutas ecoturísticas, así como actos de memoria y perdón. También tendrán que transcribir testimonios, elaborar artefactos de memoria, participar en productos audiovisuales y digitales, y asistir a encuentros restaurativos con las víctimas.

Sin embargo, para las organizaciones de víctimas, la decisión representa un retroceso y un golpe devastador. Señalan que el dolor de miles de secuestrados y sus familias no puede ser reparado con viveros ni con rutas de ecoturismo, y que la sanción impuesta es desproporcionada frente al horror vivido. Críticos de la sentencia han dicho que es una muestra de impunidad disfrazada de justicia transicional, una justicia que no satisface el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral.

La JEP insiste en que no se trata de un modelo de justicia ordinaria, sino de un modelo de transición que busca aportar a la paz. El magistrado Suárez afirmó: “a través de esta decisión no se busca dejar una paz en palabras, sino contribuir a una paz que como nación y como patria nos una”. Sin embargo, las víctimas replican que la paz no puede construirse sobre el olvido ni sobre sanciones simbólicas que no guardan proporción con la magnitud de los crímenes.

La sentencia contra los exjefes de las Farc es, al mismo tiempo, un hito histórico y una herida abierta. Histórica porque nunca antes se había dictado un fallo de esta magnitud en la justicia transicional. Pero también una herida para miles de familias que sienten que su dolor fue minimizado en nombre de la reconciliación. La paradoja de la justicia especial quedó en evidencia: quienes planearon y ordenaron secuestros masivos, asesinatos y desapariciones, no pisarán una cárcel y, en su lugar, tendrán ocho años de trabajos restaurativos.