El hijo, no criado, del presidente Gustavo Petro enfrenta cargos por contratos irregulares con la Gobernación del Atlántico y podría recibir hasta 18 años de prisión.
La Fiscalía General de la Nación radicó formalmente ante jueces de Barranquilla la imputación de cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por presunta participación en hechos de corrupción asociados a contratos de la Gobernación del Atlántico. El proceso incluye además una solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario.
De acuerdo con la investigación, Petro habría intervenido en la firma de al menos cinco contratos a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso), destinados a actividades sociales para adultos mayores y estudiantes con discapacidad. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que los convenios —por un valor de 3.000 millones de pesos ya desembolsados— no cumplieron con los objetivos pactados y que los recursos públicos no llegaron a su destino final.
Los delitos imputados corresponden a interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. Según el Código Penal colombiano, el primero contempla penas de prisión entre 64 y 216 meses (5 a 18 años), junto con multas de 66 a 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El segundo, falsificación de documento público, establece condenas entre 48 y 108 meses (4 a 9 años) de prisión.
El fiscal Mario Burgos había anticipado esta imputación desde enero de 2024, al advertir que los ingresos de Nicolás Petro eran “injustificados” y que provenían de fuentes externas a su labor como diputado, entre ellas nombres como Samuel Santander López Sierra, Óscar Camacho, Pedro Flores, Máximo Noriega y Jorge Robayo. Además, el hijo del presidente enfrenta investigaciones por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en el marco del proceso abierto tras las explosivas declaraciones de su exesposa, Daysuris Vásquez, en medio de una disputa personal.
En las últimas horas, el periodista Sebastián Nohra reveló en su cuenta de X unos chats en los que Leonardo Mejía, jefe de la Dirección contra la Corrupción, pidió con “urgencia” identificar al fiscal a cargo del caso, lo que desató cuestionamientos sobre una posible presión interna. “A los minutos que Semana publicó la noticia, el director anticorrupción solicitó con urgencia conocer qué fiscal tomó la decisión. Ese fiscal cuenta con la autonomía y la ley para poder hacerlo”, advirtió el comunicador.
El proceso judicial contra Nicolás Petro ha estado marcado por dilaciones procesales, con aplazamientos de audiencias y múltiples recursos de apelación interpuestos por su defensa. No obstante, la radicación de esta imputación marca un nuevo capítulo en uno de los escándalos de corrupción más sensibles para el Gobierno Nacional.
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