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La denuncia de Jennifer Pedraza destapó dudas sobre la validez del título de contadora pública de la joven viceministra de Juventudes, que podría enfrentar cargos de falsedad documental y fraude a la administración pública si se confirma la irregularidad.
La designación de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes se ha convertido en uno de los escándalos más delicados del Gobierno de Gustavo Petro. A sus 23 años, Guerrero aseguró haberse graduado como contadora pública de la Fundación Universitaria San José en junio de 2025. Sin embargo, la institución académica confirmó que la joven no presentó las Pruebas Saber Pro T&T ni las Saber Pro, requisito indispensable en Colombia para la obtención de títulos profesionales.
El representante legal de la universidad, Francisco Pareja, explicó en entrevista con W Radio que Guerrero estudió 18 meses y recibió el título sin haber cumplido con ese paso obligatorio. Reconoció que podría tratarse de un error desde la Secretaría General de la institución, aunque precisó que Juliana apenas se inscribió el 26 de julio para presentar el examen, que está programado para el 9 de noviembre de 2025, mucho después de haber sido graduada.
La denuncia más contundente vino de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien aseguró que la hoja de vida de Guerrero fue modificada en tres ocasiones, y que en la tercera versión apareció súbitamente el título profesional. “Sabemos que la señora Juliana Guerrero, a quien le apareció en 15 días y de manera exprés un título profesional, no presentó nunca ni las pruebas T&T ni las Saber Pro”, declaró Pedraza, quien anunció que denunciará a Guerrero ante la Fiscalía General de la Nación por falsedad en documento público.
Expertos en derecho penal consultados explican que podrían configurarse dos escenarios judiciales. El primero: si Guerrero engañó a la universidad con información falsa, estaría incurriendo en el delito de obtención de documento público falso, sancionado con penas de 48 a 108 meses de prisión según el artículo 288 del Código Penal. El segundo: si tanto Guerrero como la universidad conocían y permitieron el irregular otorgamiento del título, podría configurarse falsedad documental (artículo 287, con penas de 64 a 144 meses) o fraude a la administración pública (artículo 397), al manipular requisitos oficiales para acceder a un cargo público.
La situación genera más controversia porque la irregularidad coincidió con su nombramiento en el Viceministerio de Juventudes, lo que suma sospechas sobre la forma en que se estaría manipulando la meritocracia en el Gobierno Petro. Además, se recuerda que Guerrero ya había sido cuestionada por utilizar aeronaves oficiales de la Policía Nacional para desplazamientos al Cesar con presuntos fines políticos en junio pasado, lo que aumenta las críticas por su cercanía con el ministro del Interior, Armando Benedetti.
El caso, que ahora está en manos de la justicia y bajo el escrutinio de la opinión pública, no solo compromete la legitimidad de la joven funcionaria, sino que reabre el debate sobre la transparencia en los nombramientos de alto nivel. La pregunta de fondo es si Juliana Guerrero podrá sostenerse en el cargo o si terminará convertida en otro símbolo del desgaste del actual Gobierno.
