El Gobierno de Gustavo Petro aún no entrega su tercera Contribución Nacionalmente Determinada (NDC), documento clave para reducir emisiones bajo el Acuerdo de París. El retraso supera los seis meses y pone en riesgo la credibilidad internacional del país.

El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta serias críticas por el retraso de más de seis meses en la presentación de su tercera Contribución Nacionalmente Determinada (NDC), el documento que define los compromisos climáticos de Colombia bajo el Acuerdo de París. Según lo informó el diario El País de España, el país debía presentar la actualización de su NDC antes del 10 de febrero de 2025, pero no cumplió el plazo. El riesgo ahora es que tampoco llegue a tiempo para la segunda fecha clave: septiembre, mes en el que se cierran inscripciones para incluir la información en el informe de síntesis global que será presentado en la COP30 en Belém do Pará, Brasil.

La situación se agrava por la inestabilidad dentro del Ministerio de Ambiente y la Dirección de Cambio Climático. Desde la llegada de Petro al poder en 2022, el área ha tenido cinco directores y al menos 11 meses bajo dirección interina. En menos de un año, el ministerio ha rotado tres ministras: Susana Muhamad, Lena Estrada e Irene Vélez (esta última encargada desde agosto). Cada cambio trajo modificaciones metodológicas. Muhamad había impulsado un proceso técnico basado en bases de datos, mientras que Estrada apostó por una estrategia participativa con 32 talleres departamentales, anunciada apenas dos meses antes de la fecha límite. Aunque más inclusiva, la tardanza dejó dudas sobre la solidez del documento final.

Andrea Prieto Rozo, coordinadora del programa de Justicia Ambiental y Climática de la organización Ambiente y Sociedad, explicó que la NDC no solo es un instrumento de política pública, sino también una herramienta para atraer financiamiento internacional. “Entregarla a tiempo, bien construida y con ambición, es crucial para mantener la confianza de la comunidad internacional”, afirmó en entrevista con El País. Para Prieto, la demora y los cambios de enfoque minan la credibilidad de Colombia, un país que históricamente ha sido reconocido por su liderazgo climático en América Latina.

Las críticas no se limitan a los tiempos. Juan José Guzmán, economista climático, señaló que el proceso carece de articulación interinstitucional. Durante los talleres realizados en 2024, funcionarios del ministerio evitaron hablar de temas como empleo o justicia social en la transición energética, al considerarlos competencia de otros sectores. Guzmán advirtió además que Colombia enfrenta una maraña de planes superpuestos: la NDC anterior, la Estrategia 2050, el Plan Energético Nacional y el Plan de Transición Energética Justa contienen hasta 12 metas energéticas distintas, lo que transmite la sensación de un proceso fragmentado.

En abril, la representante Julia Miranda cuestionó al Ministerio de Ambiente durante un debate de control político en el Congreso. Señaló que las respuestas del Gobierno eran vagas y poco convincentes, y que la falta de coordinación interministerial amenaza la consecución de la meta de reducción de emisiones del 51% para 2030, fijada por Iván Duque en 2020 y considerada la más ambiciosa de la región. Aunque el Gobierno Petro planea mantener ese objetivo, lo que cambiará será la ruta para cumplirlo.

A través de un derecho de petición, el Ministerio de Ambiente confirmó que espera entregar la NDC en septiembre, alegando que el rediseño metodológico explica buena parte del retraso. Sin embargo, la falta de claridad persiste. Para expertos como Prieto, la trayectoria climática de Colombia ha sido sólida, pero este incumplimiento en un año clave amenaza con debilitar la reputación del país justo antes de la COP30.

“La NDC es una herramienta que atrae recursos. Entregarla a tiempo, bien construida y con ambición es clave para cumplir compromisos y mantener la confianza internacional.” — Andrea Prieto Rozo, experta en justicia ambiental.