En tres años, del deslucido primer gobierno de izquierda en Colombia ha enfrentado un deterioro profundo en materia de seguridad, con récord en producción de cocaína, ataques terroristas con drones y fracturas en grupos criminales.

Este jueves 7 de agosto, Colombia marca tres años desde la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño, el primer presidente de izquierda en la historia del país. Aunque su gobierno se presentó como un giro político hacia la “paz total” y el cambio social, la gestión de la seguridad ha sido uno de sus puntos más débiles, acumulando cifras récord en narcotráfico, violencia armada y desplazamientos forzados, mientras que las fuerzas de seguridad se enfrentan a nuevos retos como el terrorismo con drones.

1. Incremento de la producción del narcotráfico: El Informe Mundial de Drogas 2025 de la ONU reveló que Colombia produce el 71,84% de la cocaína del mundo, con 2.664 toneladas métricas de las 3.708 que se trafican globalmente. Las políticas gubernamentales, que redujeron la erradicación forzada y ofrecieron beneficios económicos a campesinos cocaleros, han incentivado la siembra. La erradicación pasó de 68.893 hectáreas en 2022 a solo 9.403 en 2024, según el Ministerio de Defensa.

2. Expansión de los grupos criminales: Los ceses al fuego con grupos armados, parte de la “paz total”, fueron aprovechados por organizaciones como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo para expandir su control territorial. Hoy, según la Defensoría del Pueblo, 790 de los 1.103 municipios tienen presencia de actores armados ilegales. Las regiones más afectadas incluyen Cauca, el sur de Chocó y Valle, Catatumbo, Arauca y Guaviare. Las escaladas terroristas han dejado huellas de violencia simultánea en varias zonas, con ataques a estaciones de Policía, alcaldías y peajes.

3. Desplazamientos forzados históricos: El conflicto en el Catatumbo entre el ELN y el frente 33 de las disidencias provocó el desplazamiento más grande en 28 años, con 64.000 personas expulsadas de sus hogares, principalmente en Tibú y El Tarra. En el primer semestre de 2025, la cifra nacional llegó a 77.719 desplazados, superando ampliamente los 25.611 registrados en todo 2024.

4. Guerra de drones: Desde 2024, los grupos armados han realizado 400 ataques con drones, causando 11 muertos y 36 heridos. Estos drones comerciales adaptados transportan explosivos improvisados contra objetivos militares y civiles. El gobierno respondió lanzando el dron de ataque Dragom, comprando sistemas antidrones y presentando un proyecto de ley para regular su uso.

5. Expulsión del Grupo Egmont: En septiembre de 2024, Petro reveló públicamente un informe clasificado sobre la compra del software espía Pegasus, lo que provocó que Colombia fuera suspendida del Grupo Egmont, red internacional contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esto implica la desconexión de la Egmont Secure Web, herramienta clave para el intercambio de inteligencia financiera global.

6. Retraso en la renovación de la flota aérea de combate: Tras varios intentos fallidos, el gobierno seleccionó a la sueca Saab como proveedora de entre 16 y 24 aeronaves Gripen, con un contrato de $16,5 billones. La firma del contrato está prevista para septiembre.

Estos puntos resumen un panorama en el que el Gobierno Petro combina fracasos estratégicos con avances inexistentes, en un escenario donde la seguridad sigue siendo una de las mayores preocupaciones nacionales.