La Corte Suprema pide investigar a nuevos exministros en el escándalo de corrupción más grande del gobierno Petro, mientras la Fiscalía es cuestionada por fallas y demoras que han permitido fugas y ausencia de capturas.

El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha alcanzado un punto crítico. Lo que se perfilaba como la investigación de corrupción más grande de la administración de Gustavo Petro está en riesgo de colapsar por errores cometidos por la propia Fiscalía. Entre las fallas más graves está la segunda negación del principio de oportunidad a Olmedo López, exdirector de la entidad y testigo clave, debido a una deficiente argumentación jurídica presentada por el ente acusador.

La juez del caso fue contundente: la Fiscalía no aportó las pruebas ni sustentó con solidez por qué López debía recibir beneficios penales a cambio de su colaboración, limitándose a remitir documentos sin defensa técnica robusta. Esta decisión amenaza con invalidar las revelaciones que López ha hecho sobre altos funcionarios, incluidos cinco integrantes del Gobierno señalados como determinadores del esquema de corrupción.

El escándalo, que salió a la luz en febrero de 2024 con la compra irregular de 40 carrotanques por 46.800 millones de pesos para La Guajira, involucra a figuras de peso: el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo; la exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; el exministro de las TIC y actual candidato presidencial, Mauricio Lizcano; el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; y Jaime Ramírez Cobo, exasesor presidencial y enlace con el Congreso. Todos ellos fueron mencionados en la matriz de colaboración de López, pero hasta ahora no enfrentan consecuencias judiciales.

Las omisiones de la Fiscalía también han facilitado fugas de implicados clave, como César Manrique, exdirector de Función Pública, acusado de recibir un soborno de 3.000 millones de pesos, y Carlos Ramón González, alto funcionario del Gobierno, quien salió del país tras ser señalado. Pese a las pruebas y delaciones, la Fiscalía no actuó con celeridad, lo que permitió su huida. A esto se suman retrasos en las citaciones de exministros y la inacción frente a Ramírez Cobo, a quien chats y testimonios vinculan directamente con la compra de apoyos legislativos.

A día de hoy, los únicos capturados son Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Congreso, acusados de recibir sobornos de 3.000 y 1.000 millones de pesos, respectivamente, para respaldar reformas del gobierno. Mientras tanto, testigos como Sneyder Pinilla han denunciado intentos de soborno y amenazas, y López podría estar en riesgo de atentado. La Corte Suprema ha expresado preocupación por la fragilidad procesal de un caso que, de no corregirse, podría terminar en impunidad para gran parte de los responsables.