El testimonio del exministro Luis Carlos Reyes revela que el presidente Gustavo Petro conoció, desde finales de 2023, denuncias de posibles hechos de corrupción en el Ministerio de Hacienda. La advertencia no generó acciones inmediatas y ahora es parte clave en el caso UNGRD.

El 18 de diciembre de 2023, durante un Consejo de Ministros, el entonces director de la Dian y posterior ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, levantó la mano para advertir al presidente Gustavo Petro sobre presuntos hechos de corrupción que habrían ocurrido en el Ministerio de Hacienda bajo la dirección de Ricardo Bonilla. Según su declaración ante la Corte Suprema de Justicia, el señalamiento apuntaba al uso irregular de los denominados cupos indicativos, un mecanismo presupuestal que, presuntamente, estaba siendo utilizado para direccionar recursos hacia proyectos con fines políticos.

La revelación de Reyes no provocó una investigación inmediata ni una reacción correctiva por parte del mandatario. Por el contrario, generó incomodidad en varios ministros presentes. Según su relato, Sandra Ortiz, entonces consejera presidencial para las Regiones, le respondió: “Esas cosas no se pueden decir en voz alta”. Este episodio se ha convertido en un elemento central dentro del expediente de más de 600 páginas elaborado por el magistrado Misael Rodríguez, quien incorporó el testimonio como parte del material probatorio en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El documento vincula las declaraciones de Reyes con una supuesta trama de compra de votos en el Congreso a cambio de la asignación de proyectos financiados por la UNGRD en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar). En su testimonio, Reyes describió que los congresistas solicitaban cambios en partidas presupuestales para que los recursos se destinaran a entidades donde podían entregar contratos a aliados, y señaló a Andrea Carolina Riveros como la persona encargada de ejecutar esta metodología.

Entre los nombres señalados en la investigación están los congresistas Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur y Karen Manrique, quienes, según el expediente, habrían avalado operaciones de crédito a cambio de estas dádivas. Aunque Reyes aclaró que no tenía información puntual sobre contratos asignados a legisladores específicos, sí confirmó la existencia del mecanismo de entrega de cupos indicativos durante su tiempo en el gobierno.

El magistrado Rodríguez también incorporó la declaración de Sandra Ortiz, quien relató que existía una “política” interna orientada a garantizar la aprobación de las reformas sociales del Ejecutivo. Según ella, el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, presentó una estrategia para “adoptar” a congresistas con el objetivo de asegurar su voto favorable a los proyectos oficiales. La ponencia señala a Velasco como uno de los artífices del plan para influir en las comisiones económicas del Congreso. Velasco niega las acusaciones y asegura que son calumnias.

Actualmente, la Corte Suprema ha compulsado copias para que la Fiscalía investigue formalmente a Velasco y otros exfuncionarios. El documento del magistrado deberá ser debatido por la Sala de Instrucción para decidir si se impone medida de aseguramiento a los congresistas implicados. La Procuraduría, por su parte, ha solicitado que dicha medida sea rechazada.