Entre el 5 y el 20 de agosto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá se dedicará exclusivamente a resolver la tutela que busca tumbar la medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe. La decisión implica suspender el reparto de nuevas tutelas en tres despachos clave.

Pocas veces un proceso judicial en Colombia ha movilizado de manera tan acelerada a toda la estructura del poder judicial como el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En una decisión sin precedentes recientes, la Rama Judicial ordenó suspender el reparto de nuevas acciones de tutela a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá para que sus magistrados se concentren exclusivamente en resolver el recurso que busca dejar sin efecto la medida de aseguramiento contra el exmandatario.

La medida, que estará vigente entre el 5 y el 20 de agosto, se aplica a los despachos 4, 11 y 13, encabezados por los magistrados Alexandra Ossa Sánchez, Manuel Antonio Merchán Gutiérrez y María Leonor Oviedo Pinto. Según la decisión, se trata de garantizar que estos jueces puedan “asumir el conocimiento del proceso sin que existan acciones de tutela en trámite, teniendo en cuenta la complejidad y la connotación nacional” del caso.

La tutela fue interpuesta por el abogado de Uribe, Jaime Granados, quien argumenta que la sentencia de primera instancia, que lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria por soborno en actuación penal y fraude procesal, vulneró derechos fundamentales como la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad personal. El recurso fue inicialmente asignado al magistrado Ramiro Riaño Riaño, pero este se declaró impedido, señalando conflicto de intereses: su pareja fue nombrada fiscal en 2013 por Luis Eduardo Montealegre —víctima reconocida en el proceso— y además, el mismo Montealegre lo denunció penalmente, lo que lo convierte en su contraparte judicial.

Riaño ya había sido apartado en otras ocasiones de decisiones relacionadas con el caso Uribe por las mismas razones. En febrero de este año, el magistrado otorgó una medida provisional que suspendía el proceso penal contra el expresidente, lo que provocó una nueva denuncia en su contra por parte de Montealegre.

La ponencia final que decidirá el futuro inmediato del caso deberá ser estudiada y votada por la Sala Penal antes del 20 de agosto. El fallo podría marcar un giro drástico en uno de los procesos judiciales más polémicos y mediáticos de la historia reciente del país.