La batalla entre el Gobierno de Gustavo Petro y Keralty, empresa dueña de Sanitas, se intensifica en los tribunales tras las recientes y polémicas declaraciones del presidente en su alocución sobre la salud en Colombia. En un acto de defensa, Keralty presentó denuncias penales contra Petro y su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por calumnia, injuria y discriminación. Además, la EPS logró una victoria en la Corte Constitucional que le permite retomar el control de Sanitas, tras una intervención del Gobierno que ha generado controversia.
La reciente intervención de Petro contra Keralty ha llevado la guerra verbal a los tribunales. En una alocución presidencial cargada de acusaciones y afirmaciones imprecisas, Petro atacó duramente a la empresa, acusándola de «crímenes de lesa humanidad» y de financiar irregularmente campañas políticas en Colombia. Estas fuertes declaraciones, que el presidente hizo en medio de un discurso polémico sobre la situación de las EPS en el país, cruzaron una línea roja para Keralty. En respuesta, la empresa radicó dos denuncias penales ante la Comisión de Acusación de la Cámara, acusando al presidente de calumnia e injuria, además de discriminar al dueño de la empresa por su nacionalidad española.
El abogado de Keralty, Juan David Riveros, presentó un detallado escrito de las denuncias, donde se señala que las afirmaciones de Petro carecen de respaldo judicial y probatorio, afectando gravemente el honor y la integridad moral de los directivos de la compañía. Riveros argumenta que la conducta del presidente constituye una «calumnia continuada», ya que las imputaciones falsas fueron reiteradas en diferentes ocasiones. La denuncia de discriminación es aún más grave, pues se alega que las declaraciones de Petro contra el empresario Joseba Grajales, dueño de Keralty, constituyen una violación de sus derechos fundamentales, basándose en su nacionalidad.
El enfrentamiento legal se agudiza aún más con la tutela que Keralty presentó ante el Consejo de Estado, buscando la protección de los derechos del empresario Grajales, quien asegura haber sido víctima de una campaña difamatoria. El documento solicita cesar las actividades difamatorias contra el directivo y que el presidente rectifique sus declaraciones. Por su parte, la empresa también presentó una querella contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por calumnia e injuria debido a las declaraciones del funcionario en las que acusaba a Keralty de mal manejo financiero.
Este conflicto llega en medio de un panorama complicado para las EPS en Colombia, especialmente para Sanitas, que fue intervenida por el Gobierno en abril de 2024 debido a un supuesto deterioro financiero. Sin embargo, la Corte Constitucional le dio la razón a la empresa, al señalar que la intervención fue arbitraria y que la EPS debía ser devuelta a sus dueños. Keralty ha ganado terreno en este litigio, pero la disputa legal no termina ahí, ya que también han llevado el caso ante tribunales internacionales, solicitando arbitraje por lo que consideran una expropiación ilegal y una violación de los derechos de inversión.
El hecho de que el presidente Petro se haya ensañado particularmente contra Keralty podría tener explicaciones más profundas. Desde el inicio de su gobierno, la EPS ha sido una de las pocas empresas del sector salud que ha denunciado públicamente el ahogo financiero al que han sido sometidas las EPS, algo que podría haber alimentado la animosidad del mandatario. La intervención de Sanitas no fue vista por muchos como una solución, sino como una medida que complicó aún más la situación del sistema de salud colombiano, tal como lo han expresado varios actores del sector.
Por ahora, el enfrentamiento está lejos de resolverse. Keralty continúa ganando batallas legales en los tribunales, pero el presidente Petro mantiene su discurso violento y difamatorio. La pregunta ahora es qué consecuencias tendrá esta lucha legal para el sistema de salud en Colombia, y cómo influirán las decisiones judiciales internacionales en el futuro de las EPS en el país.
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