Mientras el Gobierno Petro insiste en una falsa narrativa de «paz total», la realidad demuestra que la violencia y el desplazamiento forzado se disparan. El Catatumbo, epicentro de la tragedia.

Colombia vive una tragedia silenciosa, pero implacable. En lo que va del 2025, más de 77 mil personas han sido desplazadas por la violencia armada, especialmente en zonas controladas por grupos ilegales donde el Estado es inexistente. Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo, en una alerta que debería estremecer a todo el país.

El caso más grave es el Catatumbo, donde 68.347 personas han tenido que huir de sus hogares, atrapadas en medio del fuego cruzado entre el ELN, disidencias de las FARC y bandas narcotraficantes. Allí, 11.490 personas permanecen confinadas, sin alimentos, atención médica ni posibilidad de escape. Las cifras muestran una violencia sin tregua: 21 desplazamientos masivos solo en esa zona, sumados a 40 eventos similares en otras regiones que afectan a más de 7.382 familias.

A esto se agregan 127 alertas tempranas por riesgo de desplazamiento o confinamiento, una clara evidencia de que la violencia no solo persiste, sino que se expande.

El contraste con los discursos de Gustavo Petro es brutal. Mientras el Gobierno repite la falacia de una “paz total”, las comunidades afro, indígenas y campesinas siguen bajo fuego, abandonadas a su suerte por un «Gobierno del cambio» que no llega ni con salud, ni con educación, ni con garantías mínimas de seguridad.

«La Defensoría del Pueblo hace un llamado a mantener y fortalecer los esfuerzos para garantizar los derechos de la población migrante y desplazada», expresó la entidad.

Y mientras miles huyen por la guerra, otros miles cruzan Colombia en busca de una oportunidad. Según Migración Colombia, 72.699 migrantes irregulares han transitado por el país en lo que va de 2025. De ellos, 69.236 son venezolanos, pero también se han detectado personas provenientes de India, China, Haití, Angola, Ecuador, Bangladés y Perú.

Estas rutas migratorias son trampas mortales: desapariciones, homicidios, extorsiones y explotación sexual son parte del riesgo cotidiano. Las zonas fronterizas, sin presencia institucional real, se han convertido en corredores del crimen organizado.

La Defensoría advierte que no bastan los paliativos: se necesita una estrategia integral que enfrente las causas del conflicto y de la migración forzada, con enfoque regional, responsabilidad compartida y presión internacional.