Auditoría de la Contraloría revela escándalo fiscal, disciplinario y penal en el manejo del Fondo del Magisterio: contratos sin respaldo, pagos irregulares y transferencias sospechosas.

La Contraloría General de la República lanzó una advertencia contundente: el modelo de salud del magisterio, impulsado desde el 1 de mayo de 2024 bajo el Gobierno Petro, está al borde del colapso. Así lo concluyó una auditoría financiera a la gestión del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), en la que se identificó un presunto detrimento patrimonial de $81.593 millones tan solo en la vigencia de 2024.

El informe, presentado por la Delegada para el Sector Educación, detectó 21 hallazgos, de los cuales 20 tienen posible connotación disciplinaria, 7 impacto fiscal, y al menos uno penal. Las fallas más graves están relacionadas con pagos de cesantías fuera de plazo, sanciones e intereses por incumplimientos judiciales, transferencias posteriores al fallecimiento de beneficiarios, y contratación sin respaldo legal ni presupuestal.

Una de las alarmas más fuertes se encendió con la firma de 10 contratos por $1,2 billones sin la aprobación del Consejo Directivo del Fomag, hecho que ya fue trasladado a la Fiscalía y Procuraduría General por su gravedad.

Adicionalmente, se detectaron pagos de fallos judiciales 10 meses después de su ejecutoria, generando intereses por $3.210 millones. En el caso de cesantías, el daño fiscal es aún mayor: $4.220 millones del Tesoro Nacional y más de $48.100 millones del Fomag se usaron para pagar sanciones por demoras, lo cual representa un uso indebido de recursos públicos.

“Los hallazgos por el uso indebido de recursos del Fondo del Magisterio tienen presunta connotación penal y serán enviados a la Fiscalía General de la Nación”, advirtió la Contraloría.

La situación es aún más crítica al revisar el nuevo modelo de salud implementado en 2024. La auditoría encontró contratos sin certificados presupuestales por $75.000 millones, modificaciones sin justificación técnica —como el contrato 12076-024 que pasó de $31.000 millones a solo $776 millones—, e irregularidades en el sistema de información SUIM-HORUS, donde incluso se firmaron actas antes de iniciar los contratos.

Otro contrato, con la Unión Temporal Riesgos Laborales, tuvo una adición presupuestal del 127,6%, más del doble del límite legal permitido. La Contraloría denunció también la creación de empresas ficticias, la posible transferencia de recursos a firmas extranjeras, y el uso de grupos empresariales para favorecer IPS específicas.

En total, entre 2023 y 2025, el organismo ha identificado 61 hallazgos, de los cuales 23 son fiscales por más de $548.000 millones. El caso será trasladado al Ministerio Público y la Fiscalía, abriendo un nuevo frente de crisis para la administración Petro.