El exdirector del DAPRE y hombre de confianza de Petro estaría huyendo entre España y Nicaragua. La Fiscalía lo acusa de liderar una red de corrupción desde la Casa de Nariño.

Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), se ha convertido en uno de los personajes más buscados por la justicia colombiana. El Tribunal Superior de Bogotá dictó medida de aseguramiento por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), pero hasta el momento, el exfuncionario no ha comparecido ante las autoridades.

Desde que fue vinculado formalmente al caso, González abandonó Colombia. La Fiscalía ha recibido reportes no confirmados de que estuvo en Barcelona, España, y más recientemente en Managua, Nicaragua. Su abogado, Iván Cancino, ya apeló la medida de aseguramiento, mientras su cliente insiste en su inocencia y denuncia una “persecución política” en su contra.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, afirmó que ya se prepara la solicitud de una circular roja de Interpol para lograr su captura internacional. Aunque todavía esperan que González se entregue, reconocen que su capacidad de evadir a la justicia lo convierte en una amenaza: “Tiene la facilidad de desplazarse de forma inesperada, de evadir protocolos oficiales y mantenerse oculto”, advirtió la fiscal delegada del caso.

Pero más allá del paradero físico, preocupa el poder que González aún conserva. La Fiscalía sostiene que fue el cerebro detrás del plan para comprar respaldo político en el Congreso, mediante contratos inflados y sobornos a congresistas como Iván Name y Andrés Calle. “Actuó con dolo directo. Sabía que ofrecía dinero a cambio de apoyo político”, señaló la fiscal María Cristina Patiño durante la audiencia.

“Es altamente probable que Carlos Ramón González no tenga la intención de someterse a la investigación, ni al cumplimiento de una eventual pena. Ha salido del país de forma reiterada y evasiva”, sostuvo la Fiscalía.

El caso pone a prueba la capacidad del Estado para capturar a funcionarios de alto rango con redes de poder, conocimiento del sistema judicial y movilidad internacional. Mientras tanto, el Gobierno Petro enfrenta otra crisis política profunda, al ver caer a otro de sus hombres de confianza, la pregunta es ¿la cabeza de la organización criminal para cuándo?