El Tribunal Superior de Bogotá dictó medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y hombre clave del Gobierno Petro, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Este jueves, el presidente Gustavo Petro recibió uno de los golpes más duros de su mandato. A la renuncia de su canciller Laura Sarabia se sumó una bomba judicial: el Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), por su presunta participación en la red de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

González no es un funcionario cualquiera. Se trata de uno de los aliados históricos del presidente, un hombre que estuvo en la primera línea de confianza en el Gobierno y que ahora enfrenta cargos de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos. La Fiscalía lo señala como uno de los arquitectos del entramado ilegal desde su oficina en la Casa de Nariño, donde habría coordinado sobornos para asegurar apoyo en el Congreso y destrabar las reformas del Ejecutivo.

La orden de captura fue emitida por un magistrado que acogió la solicitud del ente acusador. Pero González no está en Colombia. Salió del país semanas atrás, cuando su nombre apareció vinculado al caso, y desde entonces su ubicación es un misterio. Ante esto, la Fiscalía anunció que solicitará una circular roja de Interpol para facilitar su captura internacional.

González se ha declarado inocente de todos los cargos. En declaraciones recientes, afirmó que es víctima de una persecución política. «¿Yo soy sospechoso por ser amigo del presidente? ¿Por haber sido guerrillero? A mí sí me asusta esto», declaró, cuestionando la independencia del sistema judicial colombiano. También aseguró que jamás sostuvo reuniones con Olmedo López, exdirector de la UNGRD y principal delator en el caso, y acusó a la Fiscalía de basarse en testimonios falsos.

“Cada uno de los exámenes que hago es: ¿de dónde se les puede ocurrir que yo haya cometido un delito? No encuentro una sola conducta que lo sustente”, sostuvo González, insistiendo en que no cometió ninguna ilegalidad.

Este nuevo escándalo compromete seriamente la narrativa del Gobierno Petro sobre transparencia y lucha contra la corrupción. Además, refuerza la percepción de crisis institucional al interior del Ejecutivo, que suma renuncias estratégicas, disputas internas y ahora la fuga de uno de sus más emblemáticos funcionarios.