El exdirector de la Dian entregó a la Corte Suprema una lista de 35 congresistas que habrían presionado para ubicar cuotas políticas en cargos claves de aduanas. Entre los más comprometidos están los alfiles de Petro, Armando Benedetti y Roy Barreras.

Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio y exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), rindió declaración ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, destapando una presunta red de clientelismo político que, según él, habría intentado infiltrar cargos estratégicos en las aduanas más sensibles del país. La revelación fue difundida por Noticias Caracol, tras casi 12 horas de testimonios entregados por Reyes y dos de sus asesoras. La denuncia apunta directamente a una lista de 35 congresistas, con cinco nombres especialmente comprometidos, quienes habrían ejercido presiones indebidas para asegurar cuotas burocráticas.

Reyes aseguró que se negó a ejecutar dichos nombramientos, lo que provocó retaliaciones como amenazas personales, mociones de censura y recortes presupuestales a la entidad que dirigía. En su declaración, subrayó que se trataba de una estrategia para permitir la infiltración de redes de contrabando desde dentro de la Dian, aprovechando el control en zonas aduaneras críticas como Buenaventura, Cartagena, Barranquilla y Cúcuta.

Los cinco principales señalados por Reyes son: Armando Benedetti, Roy Barreras, Efraín Cepeda, Jairo Castellanos y Olga Lucía Velásquez. A continuación, los detalles de cada uno de ellos:

• Armando Benedetti, actual ministro del Interior, habría solicitado el nombramiento de personas de su confianza en las aduanas de Barranquilla y Cartagena. Reyes afirmó que estas solicitudes le fueron reiteradas incluso por la suegra del exsenador, Adelina Cobo, y por Nicolás Petro, hijo del presidente, durante una reunión.
• Roy Barreras, exembajador ante la ONU, presuntamente presionó para que Reyes designara a aliados suyos en las aduanas de Buenaventura y Cali. El exdirector recordó una reunión en casa de Gloria Arizabaleta, exesposa de Barreras, donde este le entregó hojas de vida en sobres de manila. Además, le lanzó una advertencia: “Imagínese lo terrible que sería que a Messi le rompieran las piernas”.
  Según Reyes, una de las personas recomendadas por Barreras, Jerlin Arley Campo Angulo, fue finalmente nombrada director de la Dian en Buenaventura tras su salida del cargo.
• Efraín Cepeda, presidente del Senado, habría solicitado el nombramiento de Bladimir Atencio Meza en la dirección de la aduana de Cartagena. Reyes aseguró que recibió la hoja de vida directamente del congresista.
• Jairo Castellanos, senador de Alianza Verde, intentó hacerse con el control de la aduana de Cúcuta. Al no obtener resultados, promovió una moción de censura contra Reyes y lideró un recorte presupuestal de 200.000 millones de pesos a la Dian como represalia.
• Olga Lucía Velásquez, representante a la Cámara, habría sugerido a Jhon Fredy Restrepo Toro para la aduana de Cartagena por medio de su asesora María Alexandra Rizo. Aunque esta última indicó que nunca insistieron, su nombre apareció en las listas entregadas por Reyes a la Corte.

Reyes relató que, desde su llegada a la Dian durante el gobierno de Gustavo Petro, empezó a documentar estos intentos de cooptación. Indicó que elaboraron una “lista de alerta” con las personas recomendadas por los congresistas, y que todas fueron vetadas para prevenir cualquier posibilidad de corrupción o entrada de redes ilegales al sistema aduanero nacional.

“Ese recorte fue una cuenta de cobro por no entregar cuotas políticas”, denunció Reyes en su declaración, haciendo referencia al recorte presupuestal liderado por Castellanos.

A pesar de la contundencia de sus acusaciones, las personas implicadas han negado tajantemente cualquier tipo de presión o relación con actos de clientelismo. Algunos calificaron las denuncias como “absurdas” y “calumniosas”. No obstante, la Corte Suprema ya ha abierto líneas de investigación para esclarecer los hechos.

Este nuevo capítulo se suma a la creciente preocupación por la captura del Estado y la corrupción estructural en entidades clave como la Dian. La gravedad de los señalamientos podría tener implicaciones judiciales y políticas de alto nivel, afectando aún más la estabilidad del actual gabinete presidencial.