Augusto Rodríguez, otro Ex guerrillero del M19, hoy jefe de la Unidad Nacional de Protección es investigado por presunta negligencia en esquemas de seguridad, mientras aumentan los asesinatos de líderes sociales y se cuestiona su gestión tras el atentado a Miguel Uribe.

La Procuraduría General de la Nación abrió este miércoles una investigación disciplinaria contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros. El Ministerio Público busca establecer si hubo omisión en la atención de múltiples solicitudes presentadas por líderes sociales para recibir esquemas de seguridad. La decisión se produce en un contexto alarmante: según Indepaz, hasta el 30 de mayo de 2025 han sido asesinados 67 líderes sociales en Colombia.

El proceso también incluye la revisión de presuntas irregularidades en la reubicación de agentes de protección hacia funciones administrativas, a pesar del déficit de personal operativo. La Procuraduría señaló que estas prácticas podrían haber afectado la capacidad de respuesta ante riesgos inminentes que enfrentan distintos sectores sociales vulnerables.

Adicionalmente, la investigación se amplió tras el atentado sufrido por el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del partido Centro Democrático, ocurrido el pasado 7 de junio. La Procuraduría evalúa si hubo negligencia de Rodríguez frente a solicitudes reiteradas desde 2023 para reforzar la seguridad de los miembros de esa colectividad política. El director del partido, Gabriel Jaime Vallejo, había elevado múltiples requerimientos a la UNP que, según el ente de control, no fueron debidamente atendidos.

“Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes y verificar si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad”, explicó la Procuraduría.

Por otro lado, el abogado Víctor Mosquera presentó una denuncia formal contra Rodríguez por presunta negligencia en el manejo de las alertas sobre la seguridad de Miguel Uribe. Aseguró que desde enero de 2025 la UNP respondió con formatos repetitivos a más de 23 solicitudes y no adoptó medidas eficaces, incluso cuando la ONT lo había calificado en 2023 con riesgo extraordinario. La última solicitud fue presentada apenas dos días antes del atentado.

La Procuraduría solicitó a la UNP un informe completo sobre las acciones tomadas en relación con los esquemas de seguridad solicitados para líderes sociales y miembros del Centro Democrático. El caso vuelve a poner en el centro del debate la gestión de la UNP y la capacidad del Estado colombiano para garantizar la vida de quienes ejercen liderazgos sociales y políticos en un clima de creciente violencia.