La gobernadora del Valle del Cauca anunció la entrega oficial de terrenos para el Ejército en Jamundí y Barragán, con el fin de fortalecer la seguridad frente a la criminalidad y apoyar a la Fuerza Pública ante los recortes presupuestales del Gobierno Nacional.

Durante la asamblea anual de Procaña, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció una nueva medida de fortalecimiento en materia de seguridad: la entrega oficial al Ejército Nacional de los terrenos donde se construirán los Batallones de Alta Montaña en Jamundí y Barragán. Esta acción se enmarca dentro de una estrategia integral del gobierno departamental para enfrentar la criminalidad organizada, especialmente en zonas rurales del departamento donde han aumentado los hechos violentos en los últimos meses.

La mandataria explicó que la entrega del terreno en Jamundí se realizará el próximo martes, mientras que el lote para Barragán también ha sido dispuesto formalmente. Esta decisión se suma a la reciente puesta en marcha del Batallón de Alta Montaña en La Paila, en Sevilla, como respuesta a las alertas emitidas por los empresarios del norte del Valle, quienes habían expresado su intención de abandonar la región por los altos niveles de inseguridad.

“Tenemos que trabajar más. Este es un momento fundamental para que el Valle del Cauca se levante en una sola voz. No nos dejaremos doblegar de los delincuentes”, afirmó la gobernadora, reiterando que su administración mantiene una política de gobernanza colaborativa, pero con acciones concretas que garanticen resultados en campo. También hizo referencia a la modernización del sistema de comunicaciones de la Policía y la implementación de corredores seguros en las principales vías del departamento.

Los gremios económicos presentes en la reunión manifestaron su respaldo a la mandataria. Martha Betancourt, directora ejecutiva de Procaña, destacó que el esfuerzo del gobierno departamental contrasta con los recortes del presupuesto nacional en materia de defensa. “El Gobierno Nacional ha recortado más de 900.000 millones de pesos del presupuesto para la Fuerza Pública. Aun así, la gobernadora está invirtiendo en inteligencia, comunicaciones y capacidades operativas”, indicó.

Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), también se refirió al impacto negativo del debilitamiento presupuestal. “Sin seguridad física y sin seguridad jurídica, no hay seguridad alimentaria. Es muy preocupante ver cómo se destinan $740.000 millones para una consulta popular, mientras se desfinancian operaciones contra las disidencias. La gobernadora tiene razón: tenemos que trabajar unidos, a nivel departamental y nacional”.

El representante a la Cámara por el Valle, Cristian Garcés, coincidió en la urgencia de coordinar esfuerzos para frenar la violencia y atraer inversión. “Tenemos que apoyar la seguridad y encontrar la forma de que tanto la inversión pública como la privada lleguen al territorio. Solo así podremos construir esa paz verdadera que queremos para Colombia”, expresó el congresista, quien ha acompañado a la gobernadora en sus gestiones ante el Congreso y el Ministerio de Defensa.

El anuncio de nuevos batallones se realiza en un contexto de recrudecimiento del conflicto armado en zonas rurales del Valle del Cauca, especialmente en Jamundí y en áreas de la cordillera occidental, donde operan estructuras ilegales de disidencias de las Farc y bandas narcotraficantes. El Ejército ha advertido que es fundamental contar con infraestructura estratégica para lograr control territorial efectivo y proteger a la población civil.

Dilian Francisca Toro también aprovechó el encuentro para invitar a los gremios productivos a vincularse al programa de obras por impuestos, una herramienta que ha permitido avanzar en el desarrollo de infraestructura educativa, vial y de salud en zonas rurales con alta presencia de grupos armados. “Este programa es clave para garantizar bienestar a las comunidades que más lo necesitan. Seguridad y desarrollo deben ir de la mano”, enfatizó.

El fortalecimiento militar en zonas rurales del Valle es una de las apuestas más firmes del gobierno de Toro en su segundo periodo como gobernadora. La entrega de terrenos para nuevos batallones no solo es una señal de respaldo a la Fuerza Pública, sino también un mensaje político frente al desfinanciamiento estatal: los territorios no pueden quedar a merced del crimen organizado. La gobernadora ha insistido en que el Valle no permitirá que los violentos avancen ni se impongan sobre la institucionalidad.