Katerine Martínez, alias Gabriela, habría sido la encargada de entregar el arma al sicario de 14 años que atentó contra Miguel Uribe Turbay. Fue capturada en Florencia, Caquetá, tras huir y cambiar de apariencia para evadir a las autoridades.

Las autoridades confirmaron la captura de una tercera persona vinculada al atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Se trata de Katerine Martínez Martínez, alias Gabriela, una mujer de 19 años que habría tenido un rol central en el operativo criminal, al ser presuntamente quien entregó el arma al sicario de 14 años que ejecutó el ataque en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, alias Gabriela se dedicaba en Bogotá a la venta de drogas sintéticas, específicamente tusi, y también figuraba como creadora de contenido en plataformas para adultos. Las autoridades manejan la hipótesis de que mantenía una relación sentimental con alias El Costeño, quien es señalado de liderar la organización sicarial responsable del atentado. Su captura representa un avance clave en el esclarecimiento del caso.

Tras perpetrarse el atentado el 7 de junio de 2025, la mujer tomó decisiones drásticas para evadir la acción de la justicia. En primer lugar, huyó a la ciudad de Florencia, en el departamento de Caquetá, creyendo que la distancia impediría su rastreo. Sin embargo, las autoridades lograron localizarla y proceder a su detención gracias a una orden expedida por el juez 41 penal de Bogotá, con base en material probatorio recopilado en días recientes.

El segundo intento de despiste por parte de alias Gabriela fue cambiar su apariencia. Al momento de su captura, los agentes confirmaron que la mujer se había tinturado el cabello, alterando su aspecto físico respecto al que tenía el día del atentado. Este cambio, sin embargo, no fue suficiente para evadir su identificación por parte de las autoridades que ya la seguían de cerca con registros en video y testimonios.

La Fiscalía General de la Nación le imputó a Martínez los delitos de tentativa de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; y uso de menores de edad en la comisión de delitos. Durante la audiencia preliminar, alias Gabriela no aceptó los cargos, aunque el ente acusador cuenta con registros de video que la ubican en la escena, siguiendo al adolescente sicario y entregándole el arma utilizada.

En las próximas horas, la mujer será presentada ante un juez de control de garantías en Bogotá, donde la Fiscalía solicitará una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra. Según las autoridades, su testimonio puede ser fundamental para identificar y capturar a alias El Costeño, quien sería el autor intelectual y financiero de este ataque que tiene al país en alerta.

La hipótesis más sólida de los investigadores es que alias Gabriela actuó como enlace logístico, facilitando la entrega del arma y coordinando la ejecución del crimen en el lugar exacto donde se desarrollaba el evento político de Uribe Turbay. Su cercanía con alias El Costeño la convierte en un eslabón clave para reconstruir la cadena de mando y los móviles detrás del atentado.

Los hechos se han ido esclareciendo en una investigación que también ha derivado en la captura del conductor Carlos Eduardo Mora González y del menor de 14 años que disparó contra el precandidato. Las pruebas incluyen testimonios, cámaras de seguridad, rastreo digital de dispositivos y registros de transferencias de dinero usadas para financiar la logística del crimen.

Mientras tanto, Miguel Uribe Turbay continúa en estado delicado en la Fundación Santa Fe, luego de ser sometido a nuevas cirugías debido a complicaciones intracraneales. Su evolución sigue bajo vigilancia médica permanente, mientras su familia y seguidores claman por justicia y garantías para los líderes políticos de cara a las elecciones de 2026.

El caso sigue siendo prioritario para la Fiscalía, que avanza en la identificación de toda la red que participó en el atentado. Las autoridades insisten en que este crimen no fue un hecho aislado, sino parte de una operación estructurada que podría tener implicaciones más amplias, tanto criminales como políticas, en el contexto de un proceso electoral en tensión.