Explosiones y Ataques de las Disidencias de las Farc Desestabilizan el Suroccidente

El 10 de junio de 2025, una ola de ataques coordinados por las disidencias de las Farc sumió a los departamentos de Cauca y Valle del Cauca en el pánico. Desde la madrugada, carro bombas detonaron en El Bordo, municipio de Patía, y Caloto, Cauca, causando daños materiales significativos a la Alcaldía, la Secretaría de Tránsito, y estructuras policiales, aunque sin víctimas fatales. En Buenaventura, Valle, un artefacto explosivo fue lanzado contra el CAI del sector Pailón, mientras en Corinto, Cauca, las comunidades reportaron ráfagas de fusil y movimientos de grupos armados ilegales. La vía Cali-Palmira, vital para el acceso al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, fue cerrada por varias horas tras el hallazgo de cilindros con grafitis alusivos a las disidencias, que, tras ser verificados por la Policía Antiexplosivos, no contenían explosivos.

Simultáneamente, en Jamundí, Valle del Cauca, las autoridades desactivaron una carga explosiva en el sector Pangola, pero otras dos permanecen activas en Guachinte y la vía a la Fragua, manteniendo a la región en alerta máxima. La congestión vehicular en la vía Cali-Palmira obligó a los conductores a tomar rutas alternas como Rozo y Yumbo, mientras la Fuerza Pública intensificó los controles para proteger a las comunidades. Estos ataques, atribuidos a las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco, reflejan una estrategia deliberada de intimidación, aprovechando la posición estratégica del suroccidente para el narcotráfico y otras economías ilegales. El brigadier general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército, confirmó que los artefactos buscaban desestabilizar el orden público, aunque la ausencia de víctimas mortales evitó una tragedia mayor.

El Cauca y el Valle, corredores clave para el tráfico de cocaína hacia el Pacífico, son disputados por estructuras como los frentes Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, que financian sus operaciones con narcotráfico y extorsión. La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre el riesgo en municipios como Patía y Corinto desde 2019, pero la respuesta del gobierno de Gustavo Petro no ha logrado enfrentar efectivamente estas redes. Las comunidades, atrapadas entre el terror y el abandono institucional, enfrentan las consecuencias de un conflicto alimentado por la pobreza y la falta de inversión social.