López denuncia abandono y traición por parte de la fiscalía tras destapar el grave caso de corrupción en la UNGRD.

Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), envió una carta de 11 páginas a la fiscal María Cristina Patiño el 1 de junio de 2025, expresando su frustración por la falta de respaldo tras colaborar en el caso de corrupción de los carrotanques en La Guajira. López, quien destapó un entramado que involucra sobornos ordenados desde las esferas más altas del gobierno de Gustavo Petro para aprobar sus reformas en el Congreso, asegura que se siente “abandonado por la misma institucionalidad a la que decidí entregarle mi verdad”. Denuncia que la Fiscalía no apeló el rechazo de su preacuerdo por el Juzgado Quinto Penal Especializado de Bogotá, dejándolo en “indefensión jurídica” frente a quienes señala, incluyendo a altos funcionarios y congresistas.

En la misiva, López revela que rechazó un intento de soborno por $13.000 millones para silenciarlo y que tanto él como su familia enfrentan amenazas constantes. Nombra a implicados como Sneyder Pinilla, Luis Carlos Barreto, Pedro Rodríguez, Luis Eduardo López Rosero, María Alejandra Benavides, Edgar Riveros y Sandra Ortiz, quienes, según él, han recibido beneficios judiciales mientras él queda desprotegido. “Mientras algunos siguen negociando su silencio, yo ofrecí mi verdad completa”, escribe, destacando que fue el primero en hablar y “abrir la puerta” del escándalo. Pide a la Fiscalía garantías de seguridad, reconocimiento como víctima de soborno y que se revise su preacuerdo, argumentando que la falta de apoyo erosiona la justicia premial y desincentiva a futuros colaboradores.

La narrativa oficial de la Fiscalía ha sido cuestionada por su manejo del caso. Aunque López colaboró desde mayo de 2024, entregando pruebas y más de 300 folios que comprometen a figuras como Carlos Ramón González y los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, su preacuerdo fue rechazado en mayo de 2025 por un juez que lo consideró insuficiente y contrario al debido proceso. Varios sectores expresan preocupación por la posible impunidad, señalando que la falta de protección a López podría beneficiar a los “poderosos” involucrados. Además, la Procuraduría cerró en diciembre de 2024 la posibilidad de que López y Pinilla aceptaran cargos, limitando su rol como testigos contra otros implicados, lo que algunos ven como un “salvavidas” para los corruptos.

El caso de Olmedo López expone un dilema en el sistema judicial colombiano: la justicia promete protección a los colaboradores, pero su implementación parece favorecer a quienes negocian silencio. ¿A que está jugando la cuestionada fiscal Luz Adriana Camargo? ¿Quiere evitar que se sepa la verdad sobre la corrupción en la UNGRD?