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El gobierno Petro enfrenta duras críticas por el uso de un avión oficial de la Policía para transportar influenciadores a un acto político en Barranquilla, mientras policías heridos en operativos deben ser evacuados sin condiciones mínimas de dignidad.
La indignación pública volvió a estallar en Colombia. Esta vez por una escena que muchos consideran grotesca y profundamente simbólica del desbalance de prioridades dentro del gobierno de Gustavo Petro: influenciadores petristas viajando en avión oficial de la Policía Nacional rumbo a un acto político en Barranquilla, mientras agentes heridos de esa misma institución son evacuados en carretillas por falta de recursos y logística adecuada.
La controversia inició cuando el exembajador Moisés Ninco Daza publicó en su cuenta de X (antes Twitter) una imagen junto a un grupo de creadores de contenido abordando una aeronave de la Policía. El destino: un evento masivo en el Paseo Bolívar de Barranquilla, en respaldo al presidente Petro y sus reformas, justo tras el fracaso de la consulta popular en el Congreso.
El evento fue promovido como una muestra de fuerza del oficialismo, y congregó a comunidades indígenas, sindicatos, organizaciones estudiantiles y campesinas. Pero lo que debía ser una celebración de respaldo popular se convirtió en un escándalo nacional, luego de que medios y periodistas denunciaran el uso proselitista de bienes públicos.
La periodista Luz María Sierra fue directa:
“¡Qué tal esto! El gobierno Petro quemó todas sus naves para el evento de Barranquilla. ¿Uso de recursos públicos?”.
El presidente Petro respondió con tono burlesco:
“Hermana Luz María Sierra, periodista, nosotros no llevamos en las aeronaves oficiales traquetos, sino periodistas”.
La Policía Nacional confirmó que el vuelo fue autorizado mediante un convenio interadministrativo con el Ministerio del Interior, pero no explicó los criterios de selección, el costo del viaje, ni por qué se priorizó a influenciadores sobre personal esencial como médicos, policías o socorristas.
La polémica creció cuando se viralizaron imágenes de uniformados heridos en zonas críticas del país siendo trasladados en carretillas y vehículos improvisados por falta de helicópteros o ambulancias. El contraste resultó escandaloso: influenciadores viajando cómodamente en aviones oficiales mientras quienes arriesgan la vida por la seguridad nacional no tienen ni siquiera camillas.
Analistas han advertido que el hecho podría constituir una grave violación al principio de neutralidad institucional, que prohíbe el uso de recursos públicos para actividades partidistas o propagandísticas. Además, plantean la necesidad de regular el papel de los influenciadores en la comunicación estatal, especialmente cuando sus acciones son financiadas con fondos del Estado.
Hasta el momento no se han abierto investigaciones formales ni se conocen pronunciamientos de los entes de control sobre este caso. La controversia, sin embargo, ya ha dejado huella: la narrativa de un gobierno que dice representar al pueblo, pero prioriza a sus aliados mediáticos sobre quienes enfrentan la violencia real.
“A los heridos los cargan en carretillas. A los influenciadores los llevan en jets. ¿Quién gobierna para quién?”, escribió un usuario en redes.
