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Carlos Ramón González, mano derecha del presidente Gustavo Petro y exdirector del Dapre, será imputado por la Fiscalía por cohecho, peculado y lavado de activos. La audiencia incluirá solicitud de medida de aseguramiento. Su paradero es incierto.
La Fiscalía General de la Nación se alista para imputar al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González Merchán, por su papel en el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). González, considerado una de las figuras más poderosas del “Gobierno del Cambio”, será procesado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
El organismo acusador ha solicitado audiencia de imputación y medida de aseguramiento ante el Tribunal Superior de Bogotá. El proceso está sustentado en pruebas documentales, declaraciones juramentadas y la estructura de corrupción revelada por los exdirectivos de la UNGRD, Sneyder Pinilla y Olmedo López, quienes señalaron a González como determinador del entramado criminal.
La Fiscalía sostiene que González coordinó la entrega de $3.000 millones en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, a través de la exconsejera presidencial Sandra Liliana Ortiz, con el objetivo de direccionar contratos y repartir sobornos. En palabras de la fiscal del caso:
“Coordinó usted, señor Olmedo, con Sneyder Pinilla, la entrega de 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name Vásquez, a través de Sandra Liliana Ortiz Nova”.
Lo preocupante es que nadie sabe dónde está González. Fuentes aseguran que habría salido del país y que estaría recibiendo “protección” por parte de otro Estado, lo que podría complicar la audiencia de medida de aseguramiento que se llevará a cabo de forma virtual este miércoles. Su no comparecencia abriría la puerta a una orden de captura internacional.
El escándalo de la UNGRD se perfila como uno de los más graves del actual gobierno, y la imputación contra González vincula directamente a un alto funcionario del círculo íntimo de Petro. Mientras tanto, el presidente guarda silencio, y las implicaciones políticas crecen.
“La Fiscalía solicitará medida de aseguramiento por considerar a González un actor determinador en una empresa criminal que capturó recursos públicos mediante sobornos”, señaló el ente acusador.
