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El ministro del Interior, Armando Benedetti, deberá responder por un convenio firmado con RTVC por más de 88.964 millones de pesos para ejecutar eventos. La Procuraduría abrió requerimiento preventivo ante denuncias de posible uso electoral de los recursos.
El ministro del Interior Armando Benedetti enfrenta un nuevo escándalo. La Procuraduría General de la Nación le exigió explicaciones detalladas por un contrato firmado con el sistema de medios públicos RTVC, por un monto de 88.964.440.069 pesos para ejecutar eventos durante ocho meses. La cifra —equivalente a más de $370 millones diarios— ha generado polémica por su magnitud y oportunidad, justo cuando el Gobierno promueve una consulta popular tras el hundimiento de su reforma laboral.
El requerimiento fue formulado por el procurador delegado para la Función Pública, Samuel Arrieta, en un documento de dos páginas donde se solicita información urgente sobre el convenio. Las preguntas giran en torno a la naturaleza y objeto específico del contrato, las actividades logísticas contempladas (como tarimas, conciertos, almuerzos, buses y refrigerios), la duración del convenio, el análisis técnico que lo soporta y los mecanismos de supervisión.
La denuncia inicial fue hecha por el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, del Partido Centro Democrático, quien publicó en su cuenta de X:
“El Ministerio del Interior y RTVC acaban de firmar este contrato por $88.964.440.069 por ocho meses para hacer eventos. Serán $370.685.166 diarios en buses, chivas, refrigerios, almuerzos, tarimas, conciertos, etc.”
La Procuraduría solicitó que el ministro Benedetti entregue toda la información en un plazo máximo de tres días hábiles, invocando las facultades preventivas del artículo 277 de la Constitución y del Decreto Ley 262 de 2000. El contexto político ha avivado las sospechas, dado que el contrato coincide con el impulso del Ejecutivo a la campaña por la consulta popular, tras su revés legislativo.
Este nuevo episodio se suma a otros procesos en curso que involucran a Benedetti en la Corte Suprema de Justicia y en la misma Procuraduría, aumentando la presión sobre su continuidad en el cargo. La oposición advierte un uso indebido de recursos públicos para fines proselitistas, mientras que sectores del oficialismo guardan silencio sobre el millonario contrato.
“El contrato con RTVC por casi 90 mil millones no es para informar, sino para operar eventos logísticos. En este momento político, es insostenible.” — Daniel Briceño, concejal
