Desde Antioquia hasta el Valle del Cauca, este ciudadano ha interpuesto cientos de acciones populares contra comerciantes, instituciones religiosas y públicas, alegando supuestas afectaciones a los derechos colectivos. Su identidad genera misterio y su accionar ha provocado alarma en la justicia local.

El nombre de Gerardo Alonso Herrera Hoyos resuena cada vez más en los pasillos de los juzgados de Colombia. No por figurar en los titulares judiciales como víctima o acusado de algún delito, sino por su activismo jurídico inusitado: ha presentado cientos de acciones populares en municipios de al menos cinco departamentos del país. Antioquia, Caldas, Risaralda, Chocó y el Valle del Cauca registran más de 300 demandas interpuestas por este particular ciudadano, quien se ha convertido en una figura enigmática para comerciantes y jueces.

Entre sus demandas figuran cementerios, iglesias, farmacias, restaurantes, almacenes agrícolas y hasta pequeñas guarnielerías como la de don Saulo Agudelo, reconocido artesano de Jericó, Antioquia. “Me dijeron que estaba demandado porque mi negocio no tiene acceso para discapacitados. Pero ninguno lo tiene. Esto es un pueblo patrimonial y no se puede cambiar la arquitectura”, relató el comerciante. Su caso es uno entre decenas. En Jericó, incluso se ha formado un grupo de WhatsApp entre comerciantes para responder a lo que ya consideran una “ola de demandas sin rostro”.

Las acciones más frecuentes de Herrera Hoyos se registran en municipios de Antioquia, como Jericó, Andes, Santa Rosa de Osos, Caldas, Tarso, Támesis y Concordia, entre otros. En Risaralda ha interpuesto 239 acciones, y en Caldas al menos 67. Las demandas, en muchos casos, no contienen dirección física del demandante ni número telefónico, apenas un correo electrónico a nombre de Litigantes Asociados, lo que ha generado sospechas sobre el propósito real de sus acciones.

Desde el caso que interpuso contra el cementerio de Jericó por “no tener sala de necropsias”, hasta acciones contra locales comerciales sin acceso para discapacitados, las reclamaciones de Herrera Hoyos —aunque formalmente legales— han generado un debate sobre el uso instrumental de las herramientas constitucionales. La representante de los jueces ante la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, Marta Lía Herrera Gaviria, advirtió que este tipo de uso masivo de acciones populares satura a los juzgados y desvía recursos judiciales que deberían atender procesos de fondo.

“No podemos permitir que las acciones populares se conviertan en un mecanismo de negocio personal. Su uso debe ser excepcional, no una estrategia de lucro. Cada año la Rama Judicial tramita más de 952.000 tutelas y 2 millones de procesos. Los jueces no dan abasto”, reclamó Herrera Gaviria.