Organismos humanitarios y la Defensoría del Pueblo alertan sobre la crisis en el Catatumbo: menores están siendo víctimas de desplazamiento forzado, violencia sexual y riesgo de reclutamiento por actores armados.

El conflicto armado en el Catatumbo ha desatado una emergencia humanitaria devastadora: 22.226 niñas, niños y adolescentes han sido desplazados entre enero y abril de 2025, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Esta cifra ya supera todos los registros de años anteriores y muestra el recrudecimiento del conflicto entre el ELN, las disidencias de las Farc y nuevos actores armados, que siguen sembrando el terror en esta subregión de Norte de Santander.

De acuerdo con los informes, los menores no solo están siendo desplazados, sino también expuestos a graves vulneraciones como desescolarización, violencia sexual y confinamiento. OCHA reporta que 46.500 menores han sido afectados en total, de los cuales 9.753 enfrentan restricciones severas de movilidad y 4.773 no han podido asistir a clases de forma presencial. La Defensoría del Pueblo y Unicef confirman que hay casos documentados de abuso sexual contra niños desplazados y advierten sobre la presencia de redes de trata de personas cerca de los albergues temporales.

La ciudad de Cúcuta ha recibido a 9.796 menores desplazados en lo que va del año, una cifra abrumadora frente a los 728 casos de 2024 y los 1.516 de 2023, según datos de la Secretaría de Paz y Posconflicto de la Alcaldía. Ocaña también ha reportado la llegada de 4.087 menores, muchos de los cuales han sido alojados en albergues en condiciones precarias. De acuerdo con el Puesto de Mando Unificado del departamento, el conflicto ha dejado ya 66.141 personas desplazadas y otras 11.490 confinadas.

La defensora del pueblo, Iris Marín, alertó que hay niños en Cúcuta que llevan tres semanas sin asistir a clases, una situación que se agrava con la presión externa de grupos armados ilegales. “Su exposición constante a riesgos como el reclutamiento forzado y la violencia sexual agrava su situación de vulnerabilidad”, señaló también Unicef. Por su parte, la Unidad para las Víctimas ha documentado 33.477 personas afectadas, de las cuales 12.737 son menores de edad. La disparidad en las cifras entre entidades demuestra la magnitud aún desconocida de la crisis.

“Los niños del Catatumbo están atrapados en una guerra que no eligieron. Es urgente una respuesta estructural del Estado, no podemos seguir ignorando que se están violando todos los derechos fundamentales de una generación entera”, expresó Iris Marín, defensora del pueblo.