Una sentencia histórica expone las grietas de un sistema judicial que falló en proteger a una niña de 12 años

El 2 de mayo de 2025, un juez de conocimiento en Palmira, Valle del Cauca, sentenció a Brayan Snaither Campo Pillimué a 58 años y tres meses de prisión, una de las condenas más altas en la historia reciente de Colombia, por el feminicidio de Sofía Delgado Zúñiga, una niña de 12 años secuestrada y asesinada el 29 de septiembre de 2024 en el corregimiento de Villagorgona, Candelaria. Campo, de 32 años, confesó haber atraído a Sofía a su veterinaria con la promesa de un collar para su mascota, donde la golpeó con una pala, causándole traumatismos mortales. Luego, envolvió su cuerpo en costales, lo trasladó en motocicleta a un cañaduzal y lo ocultó, limpiando rastros de sangre en su local. La condena, emitida un día antes de lo que habría sido el cumpleaños 13 de Sofía, responde a cargos por feminicidio agravado, secuestro simple agravado, tentativa de secuestro simple agravado y ocultamiento de pruebas, todos aceptados por el acusado. Sin embargo, este fallo, aunque celebrado por la madre de la víctima, Leidy Zúñiga, no logra opacar las preguntas sobre un sistema judicial que permitió a Campo, con antecedentes por abuso sexual, estar libre para cometer este crimen.

La cronología del caso es un retrato de horror y negligencia. El 29 de septiembre de 2024, Sofía salió de la casa de sus abuelos en Villagorgona para comprar champú para su perro. Al pasar por la veterinaria de Campo, su vecino, fue engañada para entrar. Ese mismo día, Campo intentó secuestrar a otra niña de 12 años con el mismo engaño, pero ella escapó. Durante 18 días, la comunidad buscó a Sofía, hasta que el 16 de octubre Campo fue capturado tras hallazgos de sangre en su local, confirmados por pruebas de ADN con un 99.99% de coincidencia. El 17 de octubre, guiados por su confesión, las autoridades encontraron restos óseos en un cañaduzal, junto a un zapato y llaves reconocidos por la madre de Sofía. El 18 de octubre, Campo aceptó los cargos en audiencia, y el 24 de octubre fue trasladado a la cárcel La Tramacúa en Valledupar, bajo estrictas medidas de seguridad. La sentencia del 2 de mayo de 2025, que no fue apelada por la defensa, cierra un capítulo judicial, pero abre otro sobre la impunidad y la protección de menores en Colombia.

El historial de Campo agrava la indignación. En 2018, fue acusado de abusar sexualmente de otra menor de 14 años, también llamada Sofía, en Villagorgona. Aunque estuvo preso entre 2018 y 2019, fue liberado por “vencimiento de términos” debido a problemas logísticos en sus traslados a audiencias. En febrero de 2025, recibió una condena de 10 años y 7 meses por ese caso, pero ya había cometido el feminicidio de Sofía Delgado. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, señaló posibles problemas de salud mental en Campo, quien nombró a su hija de 6 años Sofía, sugiriendo una fijación con el nombre. Esta revelación, junto a los 375 homicidios de menores reportados en 2024 por Medicina Legal, reavivó el debate sobre la cadena perpetua para agresores de niños, ya que, como afirma la Gobernadora, el crimen pudo evitarse si la justicia hubiera actuado en 2018.