El presidente Gustavo Petro anunció la erradicación de 25.000 hectáreas de cultivos ilícitos en el Catatumbo y subsidios de $1’280.000 mensuales para campesinos, pero los expertos cuestionan la efectividad del plan.

El presidente Gustavo Petro realizó su segundo Consejo de Ministros televisado, centrado en la crisis humanitaria del Catatumbo, una de las regiones más violentas del país. Con más de 55.000 desplazados y 60 muertos a causa de los enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el ELN, el Gobierno decretó la conmoción interior, lo que le permite tomar decisiones sin pasar por el Congreso durante 90 días, bajo revisión de la Corte Constitucional.

El mandatario anunció que el Gobierno erradicará 25.000 hectáreas de cultivos ilícitos en la zona. Para ello, los campesinos recibirán un subsidio de $1.280.000 pesos mensuales con el objetivo de reemplazar la hoja de coca por cultivos legales. El programa cuenta con un presupuesto de 330 mil millones de pesos para la sustitución de cultivos y 881 mil millones para el sector Defensa. No obstante, la propuesta ha generado dudas entre analistas y congresistas.

El congresista Óscar Campo calificó el anuncio de Petro como un “engaño”, señalando que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) solo ha ejecutado el 17% de su presupuesto en 2023 y 26% en 2024, lo que demuestra una falta de capacidad operativa para cumplir con los compromisos adquiridos. Además, en Norte de Santander, 1.565 familias inscritas en el PNIS aún no han recibido los insumos prometidos para sus proyectos productivos.

Desde una perspectiva académica, la investigadora Estefanía Ciro criticó la política de drogas del Gobierno, asegurando que “la falta de un diagnóstico claro sobre los mercados de cocaína y cannabis impide establecer estrategias efectivas”. Por su parte, Ana María Rueda, de la Fundación Ideas para la Paz, advirtió que el programa carece de control territorial y enfrenta la resistencia de los grupos armados ilegales que dominan la zona.

Otro factor que genera incertidumbre es la ausencia de la vicepresidenta Francia Márquez en la reunión, lo que alimenta las especulaciones sobre su distanciamiento del petrismo. Funcionarios del MinIgualdad, bajo reserva, aseguran que Márquez “sigue molesta con el presidente”, lo que podría tener repercusiones en la gobernabilidad y en la viabilidad de los proyectos anunciados.

La realidad es que la crisis en el Catatumbo no se resolverá con anuncios televisados. La promesa de erradicar 25.000 hectáreas en 90 días no solo es cuestionable desde el punto de vista logístico, sino que tampoco considera la falta de seguridad en la zona, el fracaso de programas similares en otras regiones y el hecho de que el Gobierno aún no ha cumplido con propuestas previas como la compra de hoja de coca.

«La falta de norte en la política de drogas del gobierno Petro se nota constantemente en la aparición de nuevas propuestas sin un diagnóstico sólido. No logra establecer estrategias efectivas ni controlar las violencias en torno a estos mercados» — Estefanía Ciro, investigadora de cultivos ilícitos en Colombia y México.