Durante más de siete horas, excombatientes exigieron al Gobierno Nacional garantías en tierras, salud y seguridad en el marco de los acuerdos de paz de 2016.

El 8 de febrero de 2025, un grupo de aproximadamente 50 firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 bloqueó el kilómetro 42 de la vía Bogotá-Girardot, en el sector El Boquerón. Provenientes de Tolima, Cundinamarca, Meta, Huila, Nariño y Caquetá, los manifestantes cerraron el paso vehicular desde las 9:30 a.m., afectando gravemente la movilidad en la Autopista Sur y generando un caos de tráfico que duró más de siete horas. La protesta se centró en exigir el cumplimiento de los compromisos estatales en materia de tierras, salud y seguridad para los excombatientes en proceso de reincorporación.

Las exigencias de los manifestantes apuntan a la Agencia Nacional de Tierras, entidad encargada de la adjudicación de predios para los excombatientes, y a la Gobernación del Tolima, desde donde se han expresado preocupaciones por la falta de avances en la implementación del acuerdo. El alto comisionado para la paz, Otty Patiño, designó a Camilo González Posso como mediador en las negociaciones, pero tras varias horas de diálogo, los manifestantes se retiraron sin lograr un acuerdo. “No tenemos otra alternativa para ser escuchados”, afirmó Jairo Bernal, líder del Frente Nacional de Paz.

Mientras la protesta continuaba, la Policía de Tránsito y la concesión Vía Sumapaz implementaron pasos intermitentes para mitigar el impacto en la movilidad, pero el colapso vehicular alcanzó la salida de Bogotá por la Autopista Sur. El Instituto Nacional de Vías (Invías) aclaró en un comunicado que el bloqueo no estaba relacionado con las obras de modernización de la carretera, desmintiendo especulaciones sobre su vinculación con retrasos en la infraestructura vial.

El contexto político de la protesta también refleja la crisis de representación dentro del Partido Comunes, antigua FARC, que ha sido señalado por algunos excombatientes como incapaz de defender sus intereses ante el Estado. Según Gustavo Bocanegra, representante de la Asociación Digna por la Paz, “el incumplimiento no es solo de este gobierno, es un problema estructural que ha persistido por años”. Ante la falta de respuestas concretas, los manifestantes anunciaron que seguirán con acciones de presión hasta obtener garantías reales en su proceso de reincorporación.