Menu
La guerra entre disidencias de las Farc y el ELN ha puesto en jaque a la justicia en la región. Jueces y usuarios denuncian amenazas y desplazamientos.
La situación de violencia en el Catatumbo, Norte de Santander, sigue agravándose. A la guerra desatada entre las disidencias de las Farc y el ELN, que ha dejado desplazamientos, confinamientos y asesinatos, se suma ahora una crisis en el sistema judicial. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejeiro, confirmó que los jueces de la región están en peligro, lo que afecta directamente el acceso a la justicia de la población.
«Básicamente, hay preocupación por la situación trágica del Catatumbo y la seguridad de nuestros jueces y los usuarios de la justicia en ese territorio», afirmó Tejeiro.
Debido a esta grave situación, el magistrado anunció que viajará a Cúcuta para reunirse con los jueces afectados y evaluar la crisis de primera mano. El magistrado Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, también hará parte de la visita, con el objetivo de encontrar soluciones que garanticen la operación del sistema judicial en la zona.
El desplazamiento de jueces y funcionarios judiciales ha generado un colapso en la administración de justicia, dejando sin atención a miles de personas que buscan denunciar violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto. Los jueces han reportado amenazas directas, obligándolos a huir de la zona para proteger sus vidas.
La crisis en el Catatumbo llevó al Gobierno Nacional a decretar el estado de conmoción interior, buscando atender la emergencia humanitaria generada por la guerra entre grupos armados. Sin embargo, esta medida se encuentra bajo revisión en la Corte Constitucional, donde la magistrada Paola Meneses analizará si la declaratoria cumple con los requisitos legales.
«Mañana (8 de febrero) vamos a estar presentes, nos encontraremos con ellos en Cúcuta, escucharemos sus preocupaciones y vamos a brindarles nuestro apoyo», agregó el presidente de la Corte Suprema.
La comunidad de Norte de Santander se encuentra en alerta ante la inestabilidad de la región, mientras el Gobierno y las instituciones judiciales intentan evitar el colapso de la justicia en medio del conflicto armado.
