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La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, respondió con firmeza a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el caso del niño Kevin Arley Acosta, de siete años, quien falleció el 13 de febrero tras complicaciones derivadas de una hemofilia severa tipo A. Camargo negó rotundamente haber dado alguna orden para ocultar el protocolo de necropsia y recordó al mandatario que dicho documento está protegido por reserva legal.
Durante el lanzamiento de la estrategia Alerta Rosa, la jefa del ente acusador calificó de lamentable que el caso se haya convertido en un «espectáculo público», subrayando que detrás de la controversia hay una familia que atraviesa el profundo dolor de haber perdido a un hijo. «No es cierto de ninguna manera que yo como fiscal o cualquier fiscal o la fiscal que tiene a cargo la investigación haya impedido la entrega de un protocolo de necropsia al Ministerio de Salud o a la Superintendencia de Salud», declaró Camargo.
La fiscal explicó que el protocolo de necropsia solo puede ser compartido con las autoridades judiciales competentes dentro del marco de la investigación en curso. «Nosotros trabajamos sobre la base de la colaboración armónica entre poderes y cuando se pide información que es factible dar, con mucho gusto se da», añadió.
El caso Kevin Acosta ha generado una fuerte tensión entre el Ejecutivo y la Fiscalía. El niño padecía hemofilia severa y falleció luego de un trauma craneoencefálico tras caer de una bicicleta. La familia y la Procuraduría han señalado presunta negligencia por parte de Nueva EPS, que supuestamente dejó de suministrarle los medicamentos vitales durante dos meses en medio de la crisis financiera de la entidad intervenida por el Gobierno.
Los familiares del menor interpusieron una demanda contra la Nación por más de 1.800 millones de pesos, alegando irregularidades en su atención médica. Mientras tanto, el presidente Petro había afirmado públicamente que Medicina Legal ocultaba información sobre las causas de muerte del niño y que esta retención respondía a una directriz directa de la fiscal general.
Las declaraciones de Camargo marcan un nuevo capítulo en la creciente tensión institucional entre el gobierno Petro y los organismos de control. La fiscal general dejó claro que su entidad actúa bajo el marco legal y no bajo presiones políticas, en un contexto donde el Ejecutivo ha sido señalado en múltiples ocasiones por intentar interferir en investigaciones sensibles.
