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La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra Luz María Múnera Medina, quien actuó como superintendente de Salud ad hoc, y contra Jorge Iván Ospina, designado interventor de Nueva EPS, por presuntas irregularidades en el proceso de intervención forzosa y su posterior prórroga. La decisión se adoptó el 30 de abril de 2026 por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 2, tras una queja presentada por la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud.
Nueva EPS, con más de 11 millones de afiliados, fue intervenida por el Gobierno en 2025 bajo el argumento de sanear sus finanzas. Sin embargo, según los registros, durante los dos años bajo control estatal la deuda de la entidad creció más del 24%, pasando de alrededor de 18 billones a más de 26 billones de pesos, mientras las facturas represadas se dispararon. Lo que el gobierno de Gustavo Petro presentó como una solución para «salvar» el sistema de salud terminó agravando el hueco financiero y afectando la atención a millones de colombianos.
La investigación se centra en la extensión de la intervención por un año adicional, decisión que, según los documentos recopilados, habría sido adoptada sin agotar los procedimientos legales exigidos. Esto pone en duda la validez del proceso administrativo y genera serias preguntas sobre la transparencia y legalidad con la que el Gobierno manejó una de las entidades más importantes del sector salud.
Jorge Iván Ospina, quien ya enfrenta 11 procesos penales por presuntos actos de corrupción durante su gestión como alcalde de Cali, fue nombrado interventor pese a su cuestionado historial. Su designación se suma a la de Daniel Quintero como superintendente de Salud, otro exalcalde con múltiples investigaciones abiertas, lo que refuerza la percepción de que el petrismo prioriza la lealtad política por encima de la idoneidad y la experiencia técnica.
Este nuevo frente de investigación de la Procuraduría confirma el fracaso de la intervención forzosa a Nueva EPS y evidencia los riesgos de poner el sistema de salud bajo control ideológico. Mientras el Gobierno habla de «reforma» y «justicia social», la realidad muestra un sector en colapso, con deudas millonarias, prestadores al borde de la quiebra y pacientes sin atención oportuna.
La Procuraduría deberá determinar si hubo violaciones al debido proceso y si los funcionarios involucrados incurrieron en faltas disciplinarias. Mientras tanto, los colombianos siguen pagando las consecuencias de una política de salud que prometió salvar vidas y terminó asfixiando al sistema.
