Menu
La Procuraduría General de la Nación tomó una decisión firme y necesaria ante uno de los episodios más preocupantes de las recientes protestas en Bogotá. El procurador Gregorio Eljach radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue el presunto uso de menores de edad como escudo humano durante la toma del Ministerio del Interior por parte de miembros de la comunidad indígena emberá.
Durante varias horas de alta tensión en el centro de la capital, mientras más de 1.200 funcionarios públicos permanecían retenidos dentro del edificio y se registraban enfrentamientos en los accesos, las autoridades observaron con alarma cómo niños, niñas y adolescentes eran expuestos deliberadamente en primera línea de la protesta. Este hecho, calificado por el Ministerio Público como una grave violación a los derechos de los menores, ha generado indignación y ha puesto de manifiesto los límites que no pueden cruzarse ni siquiera en el ejercicio del derecho a la protesta.
El procurador Eljach fue claro al señalar que, aunque la protesta pueda tener motivos legítimos relacionados con las condiciones de vida de la comunidad emberá, la utilización de menores en vías de hecho constituye un delito que debe ser investigado y sancionado con rigor. «La integridad de los niños y adolescentes debe estar por encima de cualquier reclamo», enfatizó el jefe del Ministerio Público.
Este caso no es un incidente aislado. Refleja un patrón cada vez más preocupante en las protestas impulsadas o toleradas bajo el actual gobierno, donde se instrumentaliza a los más vulnerables, incluyendo niños, para generar presión mediática y política. La izquierda colombiana, que tanto habla de «derechos humanos» y «protección de la infancia», ha guardado silencio cómplice ante estas prácticas que exponen a los menores a riesgos innecesarios de violencia, represión policial y trauma psicológico.
La denuncia de la Procuraduría obliga a la Fiscalía a avanzar con celeridad para identificar a los responsables directos de poner en peligro la vida y la integridad de los menores. No puede haber impunidad bajo el pretexto de la «protesta social». Exponer a niños a enfrentamientos con la fuerza pública no es activismo, es un acto irresponsable y potencialmente criminal que debe ser condenado sin ambages.
Mientras el gobierno de Gustavo Petro promueve narrativas de «paz total» y «diálogo con los pueblos indígenas», la realidad muestra que muchas de estas protestas terminan en caos, bloqueos y ahora en la instrumentalización de menores. La Procuraduría ha dado un paso correcto al exigir investigación. Ahora corresponde a la Fiscalía actuar con rapidez y sin contemplaciones para que este tipo de abusos no se repitan.
