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El Consejo Nacional Electoral ratificó la sanción histórica impuesta a la campaña Petro Presidente 2022 por violación sistemática de los topes de financiación, omisión de reportes y manipulación contable. Con una votación de 6 a 3, el organismo rechazó los recursos de apelación y dejó en firme las multas y la obligación de devolver millonarias sumas al Estado.
Según el fallo, en la primera vuelta la campaña superó los límites en $2.459 millones y omitió reportar $2.611 millones. En la segunda vuelta, el exceso fue de $583 millones y la omisión alcanzó los $1.087 millones. En total, se ordenó la devolución de más de $3.500 millones. Los principales responsables sancionados son Ricardo Roa Barragán, gerente de la campaña; Lucy Aydee Mogollón, tesorera, y María Lucy Soto Caro, auditora interna.
Entre las irregularidades detectadas destacan aportes de personas jurídicas prohibidas por la ley, como los $500 millones de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) que entraron a través del movimiento Colombia Humana, y recursos de la Unión Sindical Obrera (USO) por más de $500 millones destinados a transporte, alimentación y logística. También se encontraron pagos no reportados a testigos electorales por $931 millones en primera vuelta y $177 millones en segunda, gestionados por la empresa Ingenial Media S.A.S.
El CNE evidenció maniobras contables para distorsionar la realidad financiera. Un ejemplo claro fue la factura de Caracol TV por $356 millones, que inicialmente se omitió para “liberar espacio” en los registros y luego se volvió a incluir. Otro caso fue el evento de cierre en el Movistar Arena el 19 de junio de 2022, donde se reportaron $150 millones pero se ocultaron otros $100 millones asumidos por ServiRed S.A.S.
Este fallo confirma lo que la oposición y varios sectores independientes han denunciado desde la campaña de 2022: que la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia se dio con recursos de origen dudoso y violando flagrantemente las normas que regulan la financiación electoral. El petrismo, que tanto pregona contra la corrupción de los demás, construyó su victoria con aportes prohibidos y maniobras para ocultar el verdadero costo de su operación política.
La ratificación de la sanción por parte del CNE es un golpe a la legitimidad del actual gobierno. Mientras Petro y sus aliados intentan presentarse como víctimas de una “persecución”, el organismo electoral —tras un exhaustivo análisis— concluyó que hubo violaciones graves y sistemáticas a las reglas democráticas. Ahora corresponde al país preguntarse hasta qué punto un gobierno nacido de estas irregularidades puede seguir gobernando con autoridad moral sobre temas de transparencia y ética pública.
