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El presidente Gustavo Petro oficializó el pasado viernes el nombramiento de Daniel Quintero como superintendente nacional de Salud mediante un decreto firmado junto al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. La decisión se tomó pese a las múltiples críticas de expertos, gremios médicos y sectores políticos que cuestionaron tanto la falta de experiencia del exalcalde de Medellín en el sector salud como los procesos judiciales que aún enfrenta.
Quintero, cuya trayectoria se ha centrado principalmente en tecnología, innovación y actividad política, reemplazó a Bernardo Armando Camacho en la entidad responsable de vigilar, controlar y sancionar a las EPS, IPS y demás actores del sistema de salud. Su llegada ocurrió faltando solo cuatro meses para el final del actual gobierno y en un momento crítico para el sector, marcado por intervenciones a varias aseguradoras y fuertes señales de fatiga financiera.
Desde que la Presidencia publicó su hoja de vida en el portal de aspirantes a cargos públicos, el nombramiento generó una fuerte controversia. El diputado de Antioquia, Luis Peláez, anunció que demandará la designación y aseguró que ya tenía lista la acción desde que circularon los primeros rumores. «Sabemos también para qué lo hacen», afirmó Peláez.
Incluso dentro del propio Gobierno hubo voces críticas. Carlos Carrillo, director de la UNGRD, calificó el nombramiento como un «yerro enorme» y señaló a Quintero como «un hampón que se robó a Medellín». La congresista Jennifer Pedraza también cuestionó la falta de idoneidad técnica del nuevo superintendente y advirtió que se trata de «una afrenta a los pacientes».
Desde Antioquia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue tajante: «Pondrá de Supersalud a quien se robó a Medellín. Seguramente la tarea es terminar de robarse lo que queda del sistema de salud». El gobernador Andrés Julián Rendón, por su parte, anticipó que Quintero usará el cargo para «ensañarse» contra las instituciones antioqueñas.
Los cuestionamientos se centran en dos puntos principales: la nula experiencia de Quintero en regulación sanitaria, control de EPS o manejo de intervenciones, y los procesos penales que enfrenta, entre ellos uno por presuntos delitos de peculado por apropiación y prevaricato en el caso Aguas Vivas. Además, pesa sobre él una sanción disciplinaria de la Procuraduría que incluye inhabilidad para ejercer funciones públicas.
El nombramiento se produce en un contexto de alta sensibilidad para el sistema de salud, con varias EPS intervenidas y una superintendencia que maneja un presupuesto superior a los 562.000 millones de pesos para 2026. Los críticos consideran que colocar a una persona con este perfil en un cargo de tanta responsabilidad representa un riesgo para la moralidad administrativa y la adecuada prestación de servicios a los colombianos.
Hasta el momento, ni el presidente Petro ni el ministro Jaramillo han dado explicaciones públicas sobre los motivos que llevaron a elegir a Quintero pese a todas las objeciones.
