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Colombia vivió este fin de semana la peor escalada guerrillera en décadas. Al menos 31 ataques armados de las disidencias de las FARC sacudieron el suroccidente del país, dejando un saldo de 21 muertos y 56 heridos, según el balance oficial del Ministerio de Defensa. El atentado más grave ocurrió en el departamento del Cauca, donde una bomba detonada en una carretera dejó 21 civiles muertos y decenas de vehículos destrozados junto a un cráter que recuerda las peores épocas del conflicto armado.
El gobierno atribuye la ofensiva al Estado Mayor Central comandado por alias Iván Mordisco, el criminal más buscado del país, quien rechazó el acuerdo de paz de 2016 y hoy se financia principalmente con el tráfico de cocaína. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó los hechos como «crímenes de guerra» y los presentó como una represalia de los rebeldes ante la presión militar. Sin embargo, la realidad es más cruda y previsible: esta ola de terror es la consecuencia directa y lógica de la política de «paz total» impulsada por Petro desde su llegada al poder en 2022.
Lejos de pacificar el país, la fracasada estrategia petrista, ceses al fuego unilaterales, diálogos sin condiciones, reducción de operaciones militares y estigmatización de las Fuerzas Armadas, ha permitido que los terroristas se fortalezcan, recluten, controlen territorio y consoliden sus economías ilícitas. Expertos como Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, y Gerson Arias, de la Fundación Ideas para la Paz, coinciden en que los ataques forman parte de una estrategia deliberada de «zozobra y desestabilización» para generar miedo, dividir a la Fuerza Pública y presionar al Estado en plena recta final electoral.
El Cauca, con su vasta superficie de narcocultivos, volvió a ser el epicentro de la violencia. Periodistas de la AFP describieron escenas dantescas: cuerpos desmembrados, vehículos calcinados y un cráter que evoca el peor atentado contra civiles en más de 20 años, comparable al ataque al club El Nogal en Bogotá en 2003 perpetrado por las antiguas FARC.
Mientras el país entero exigía respuestas firmes y condolencias a las víctimas, el presidente Gustavo Petro optó por publicar en sus redes sociales fotos de su fiesta de cumpleaños con collares hawaianos, el ministro de Hacienda y amigos de juventud. «No estamos solos, nos rodea el amor y la cadena de afectos. Somos un ejército de Quijotes», escribió. La imagen generó indignación transversal. El candidato Sergio Fajardo lo resumió con crudeza: «Ni una sola palabra de condolencia, ni la más mínima compasión. Ningún rastro de humanidad. Recuerde que son víctimas del caos total en el que terminó su paz total. Qué indolencia, qué vergüenza».
Los candidatos presidenciales de la oposición no se quedaron callados. Abelardo de la Espriella fue directo: «Estos no son actos aislados, son parte de un plan de desestabilización del desgobierno de Petro». Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático y oriunda del Cauca, responsabilizó al gobierno por haber permitido que la violencia creciera y prometió desde su departamento: «Aquí tienen a una mujer con carácter que no le va a temblar la mano para doblegar a los violentos. Mi primera acción será militarizar la vía y fortalecer a la Fuerza Pública».
La realidad es innegable: después de más de tres años de «paz total», las filas de los grupos armados ilegales se han duplicado, controlan más territorio y se atreven a ejecutar la mayor ofensiva en décadas justo antes de las elecciones.
El gobierno Petro, que llegó prometiendo terminar la guerra, ha logrado lo contrario: más guerra, más muertos y más territorio entregado al narcoterrorismo. Mientras las Farc siembran terror, el presidente celebra y habla de «diálogo». Los colombianos ya no toleran más discursos vacíos. La firmeza que exigen Paloma Valencia y la oposición democrática es la única respuesta posible ante un enemigo que interpreta la debilidad como invitación a matar.
