El Gobierno Petro recortó el 77% del presupuesto de la Registraduría para las elecciones de 2026, una medida que fue rápidamente calificada de “error” por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Sin embargo, las dudas persisten sobre las verdaderas intenciones detrás de este recorte.

El pasado martes, el Gobierno de Gustavo Petro enfrentó una fuerte polémica tras conocerse que el presupuesto de la Registraduría Nacional para las elecciones de 2026 había sido recortado en un 77%. Inicialmente, el monto previsto para la Registraduría era de $3,2 billones, pero la ponencia del proyecto de Presupuesto 2025 lo redujo a $732.220 millones, generando un gran revuelo en el Congreso y en diversos sectores políticos.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reconoció que se trató de un “error” y aseguró que la entidad contará con los recursos necesarios para garantizar el buen desarrollo de los comicios. Sin embargo, varios analistas y congresistas, como la senadora Angélica Lozano, señalaron que este recorte no fue un accidente, sino un intento deliberado de minar la autonomía de la Registraduría. Lozano destacó que el presupuesto es clave para preparar las elecciones desde 2025, y cualquier alteración podría tener efectos graves en la democracia.
A pesar de las explicaciones, la Misión de Observación Electoral (MOE) también expresó su preocupación, alertando que la dependencia del Ministerio de Hacienda para el desembolso de recursos podría comprometer la independencia de la Registraduría. La discusión sobre el presupuesto continúa, y el Gobierno ha instado a avanzar en la concertación para evitar que el presupuesto sea aprobado por decreto, lo que podría generar más incertidumbre en el proceso democrático.